El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, fue citado como testigo de la Fiscalía dentro del juicio contra Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, señalado como uno de los principales articuladores de una organización dedicada al contrabando.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los tentáculos de la organización de Buitrago habrían alcanzado a funcionarios de alto nivel de la Dian, con el propósito de comprar sus conciencias y evitar que cumplieran sus funciones de control sobre el ingreso de mercancías a los principales puertos del país.
La hipótesis hace parte de los elementos centrales del escrito de acusación contra ‘Papá Pitufo’, quien enfrenta cargos por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, este último relacionado con el supuesto pago o entrega de beneficios a funcionarios públicos.
En ese contexto, la Fiscalía solicitó que se tenga en cuenta el testimonio de Reyes, quien estuvo al frente de la Dian y podría aportar información sobre el funcionamiento de la entidad, los controles aduaneros y las posibles actuaciones de funcionarios vinculados a la investigación.
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La declaración del exdirector será uno de los testimonios con los que el ente acusador buscará sustentar su teoría de que la estructura criminal de Marín Buitrago no solo operaba mediante el ingreso ilegal de mercancías, sino que habría construido una red de corrupción dentro de entidades encargadas de combatir el contrabando.
El proceso contra ‘Papá Pitufo’ busca establecer las responsabilidades penales que le atribuye la Fiscalía y determinar cómo habría funcionado la estructura que, según la acusación, utilizó sobornos para facilitar sus operaciones.
La demanda de $700 millones de ‘Papá Pitufo’
Diego Marín Buitrago pasó de ser uno de los hombres señalados por las autoridades como presunto articulador de una poderosa red de contrabando a demandar al Estado por las consecuencias que, según sostiene su defensa, le habría ocasionado una actuación irregular de varias entidades públicas.
El proceso judicial que hoy lo tiene en la mira de la Fiscalía también es el origen de la millonaria reclamación que presentó ante la justicia administrativa.
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Marín Buitrago, junto con su esposa y sus tres hijos, reclama una indemnización que, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, supera los $700 millones, por los perjuicios que atribuye a actuaciones de la Rama Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La historia se remonta al 11 de marzo de 2024. Ese día, el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá expidió una orden de captura contra Marín Buitrago, a solicitud de la Fiscalía Quinta de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
El objetivo era hacerlo comparecer a una audiencia de imputación y solicitar una medida de aseguramiento.
El problema, según argumenta ahora su defensa, era que para entonces ‘Papá Pitufo’ se encontraba fuera de Colombia, concretamente en España.
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La orden terminó siendo tramitada como una circular roja de Interpol, lo que permitió activar mecanismos de cooperación internacional para localizarlo y detenerlo. El 5 de abril de 2024, Marín Buitrago fue capturado en España.
Sin embargo, recuperó su libertad provisional un día después, mientras avanzaban las actuaciones ante la Audiencia Nacional de ese país. La historia no terminó allí. Meses después, ya en Portugal, volvió a ser detenido.
Fue el 3 de diciembre de 2024, nuevamente con fundamento en la orden de captura expedida en Colombia.
Esta vez permaneció privado de la libertad durante varios meses, hasta el 9 de junio de 2025, cuando recuperó la libertad provisional luego de que su defensa promoviera un habeas corpus.
Es precisamente sobre esas actuaciones que gira la demanda de reparación directa presentada por el abogado William Iván Mejía, representante legal de la firma L.E.T. Consultores.
La defensa sostiene que la orden de captura de marzo de 2024 no podía ser utilizada de la manera en que se hizo para activar los mecanismos internacionales de búsqueda y eventual entrega de Marín Buitrago.
Su argumento parte de las reglas del Código de Procedimiento Penal que regulan la extradición y la cooperación judicial internacional.
Según esa interpretación, para solicitar el regreso al país de una persona que se encuentra en el exterior debía existir previamente una decisión que impusiera una medida de aseguramiento, una resolución de acusación en firme o una sentencia condenatoria por un delito cuya pena mínima cumpliera determinados requisitos.
En el caso de Marín, sostienen sus abogados, la orden había sido expedida únicamente con fines de imputación, es decir, en una etapa anterior del proceso.
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Los argumentos de la querella
A partir de ese argumento, la demanda plantea responsabilidades diferentes para las entidades involucradas. A la Rama Judicial le atribuye un supuesto error jurisdiccional, específicamente por la decisión del juzgado que expidió la orden de captura.
La tesis de la defensa es que esa providencia habría aplicado de manera equivocada las reglas para una persona que se encontraba fuera del país.
A la Fiscalía, por su parte, le atribuye una presunta falla en el servicio por haber solicitado y tramitado la orden como circular roja pese a conocer, según la demanda, que Marín Buitrago estaba en el exterior.
El mismo argumento se extiende al Ministerio de Justicia, al que la defensa cuestiona por no haber realizado, según su versión, la verificación documental correspondiente, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, por haber adelantado las gestiones diplomáticas ante las autoridades españolas sin comprobar previamente la suficiencia jurídica de la solicitud.
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La defensa también cuestiona que la orden de captura se mantuviera vigente después de la primera detención en España. Según la demanda, esa misma orden habría servido posteriormente como fundamento para la captura de Marín Buitrago en Portugal.
Así, los abogados sostienen que las dos privaciones de la libertad estuvieron conectadas por una misma actuación que, en su criterio, debió ser cancelada o retirada de los sistemas después de la primera captura.
Antes de acudir a los jueces administrativos, Marín Buitrago y sus familiares tuvieron que agotar el requisito de conciliación extrajudicial.
La audiencia se realizó el 20 de mayo de 2026 ante la Procuraduría, pero terminó sin acuerdo porque las entidades convocadas no aceptaron las pretensiones.
Ahora será la jurisdicción administrativa la que deberá determinar si existió o no una actuación irregular del Estado y si esta produjo los daños que reclama la familia.
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En la demanda no aparece únicamente Marín Buitrago. También figuran como demandantes su esposa, Liset Samboní López, y sus tres hijos, Diego Fernando Marín Samboní, Sophia Marín Samboní y Paola Marín Samboní, quienes son presentados como perjudicados indirectos por las consecuencias emocionales y patrimoniales que, según la defensa, produjo la situación judicial del presunto contrabandista.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué Luis Carlos Reyes fue citado como testigo en el juicio contra ‘Papá Pitufo’?
- Luis Carlos Reyes fue citado por la Fiscalía porque, como exdirector de la Dian, podría aportar información sobre el funcionamiento de la entidad, los controles aduaneros y las actuaciones de funcionarios que estarían relacionadas con la investigación contra Diego Marín Buitrago.
- ¿Qué relación tiene la Dian con la investigación contra ‘Papá Pitufo’?
- Según la tesis de la Fiscalía, la organización de Diego Marín Buitrago habría buscado corromper a funcionarios de alto nivel de la Dian para evitar los controles sobre el ingreso de mercancías a los principales puertos del país.
- ¿De qué delitos está acusado ‘Papá Pitufo’?
- Diego Marín Buitrago enfrenta cargos por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.
- ¿Qué podría declarar Luis Carlos Reyes sobre el caso de ‘Papá Pitufo’?
- La noticia señala que Reyes podría entregar información sobre los procedimientos y controles aduaneros de la Dian, así como sobre posibles actuaciones de funcionarios vinculados con la investigación. El contenido específico de su declaración no ha sido informado.
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