Más de 1.000 colombianos han sido deportados hasta ahora durante los operativos en el marco del estado de excepción decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el estado Táchira, informó este lunes una fuente oficial. Hasta el momento han sido capturados 10 presuntos paramilitares, según el gobernador José Gregorio Vielma.
“Hasta los momentos llevamos 1.012 personas deportadas a Colombia. Garantizados todos sus derechos”, escribió en su Twitter José Vielma Mora, gobernador del estado fronterizo con Colombia.
Agregó a través de la red social que en la operación han sido capturados en total 10 presuntos paramilitares, y que esta madrugada fueron encontradas más de 50 toneladas de alimentos, sin ofrecer mayores detalles.
También afirmó que “1516 personas han abandonado de manera voluntaria el país, no podían irse porque los paramilitares los amenazaban”.
En el proceso de revisión de la zona fronteriza las edificaciones son marcadas en sus fachadas con las letras R y D.
Las primeras corresponden a aquellas en las que no se encontraron irregularidades. Las segundas son las habitadas por indocumentados o aquellas en las que hallaron “caletas” (depósitos escondidos) en las que se ocultaba mercancía ilegal.
La medida de excepción, que rige por 60 días en seis municipios de Táchira -el sexto municipio fue añadido este lunes-, fue anunciada el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro junto con el cierre indefinido de ese sector del paso binacional.
Maduro tomó tales decisiones tras un ataque armado de desconocidos que hirió a tres militares y un civil, todos venezolanos, quienes realizaban una operación contra el contrabando en la ciudad de San Antonio del Táchira.
El mandatario sostiene que en el lucrativo contrabando en la zona limítrofe -de 2.219 km- están implicados paramilitares que, aliados con la “derecha” local, buscan desestabilizar su gobierno.
Considerado por la ONU como el segundo país más violento del mundo, Venezuela afronta una crisis económica con alta inflación, devaluación del bolívar y escasez de dos tercios de los productos básicos, en medio del desplome de los precios del petróleo del que es altamente dependiente.
El estado de excepción, que podrá ser prorrogado por 60 días más, prohíbe el porte de armas y permite a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.
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