Congresistas buscan garantizar el mínimo vital de agua en estratos 1 y 2

Iniciativas similares se han presentado en el Congreso desde el 2014, todas se han hundido por distintas razones.

La responsabilidad de garantizar el mínimo vital de agua sería de los alcaldes en una eventual sanción de la ley. FOTO: ARCHIVO EC

En el Congreso ya está radicada la propuesta que pretende garantizar el acceso de las comunidades de los estratos 1 y 2 al servicio de agua potable. La iniciativa responde a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el agua potable como un factor de vital importancia para la vida digna.

“Queremos que todos los colombianos de estratos 1 y 2 tengan agua potable gratis. Ya lo hicimos en la Alcaldía de Pereira y ahora proponemos que sea una realidad en todo el país”, indicó el senador Juan Pablo Gallo, uno de los autores del proyecto de ley.

La iniciativa legislativa, que fue radicada este 26 de septiembre en la Secretaría del Congreso, pretende garantizar el servicio de agua potable para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud saneamiento básico de las comunidades menos favorecidas de todos los municipios de Colombia.

Los autores del proyecto son lo senadores Miguel Uribe Turbay, Juan Pablo Gallo, David Luna, Guido Echeverry, Marcos Daniel Pineda y la representante Julia Miranda Londoño, autodenominados como la bancada de las “ciudades de calidad”.

De convertirse en ley de la República, los municipios estaría obligados, a través de las empresas de servicios públicos, a ofertar el mínimo vital de agua a sus pobladores menos beneficiados con un subsidio que cada entidad territorial definirá. En todo caso, una vez esté sancionada la ley, los alcaldes contarán con seis meses para acatar e implementar lo expresado por la ley.

Los antecedentes indican que estos proyectos no llegan a buen término en el legislativo. Todos se han hundido por distintas razones. Desde 2014 se han presentado cinco iniciativas legislativas, la última se presentó en 2021 por autoría de Antonio Sanguino y Wilmer Leal: se archivó por el cambio de legislatura.

“La obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas”, había sentenciado la Corte Constitucional.