“Es evidente que no tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga incidencia en la Fiscalía, eso me parece entrar a una falta de respeto con la señora fiscal y con los fiscales que llevan los casos. Somos respetuosos de la independencia judicial, de la división de poderes, y lo que decide la Fiscalía lo decide de manera autónoma y en el marco de sus propias decisiones”, declaró Idárraga a la prensa a la salida de un evento en Cali.
“Vamos a hacer una reunión con el director Augusto, porque creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña, entonces vamos a resolverlo internamente”, anunció el ministro refiriéndose a Rodríguez.
La polémica inició días atrás cuando el ente acusador había anunciado inicialmente que imputaría a Augusto Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión. La tesis de la Fiscalía sostenía que Rodríguez no atendió oportunamente al menos 23 solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel Uribe, quien contaba con un esquema de seguridad precario el día del atentado sicarial en su contra en Bogotá.
No obstante, apenas horas después del anuncio, la Fiscalía reversó la decisión, argumentando que la fiscal encargada no tenía la competencia para adelantar dicho trámite, lo que dejó el proceso temporalmente sin efecto para evitar nulidades futuras.
Hasta el momento, la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe ha vinculado a 10 personas, incluyendo al adolescente que disparó el arma y otros implicados identificados como parte de la estructura criminal.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Quién es Augusto Rodríguez y cuál es su cargo?
- Augusto Rodríguez es el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, responsable de los esquemas de seguridad de líderes políticos.
- ¿Por qué se le imputó inicialmente?
- Se le acusó de prevaricato por omisión por supuestamente no atender solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel Uribe Turbay.
- ¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia?
- Andrés Idárraga negó cualquier presión política, defendiendo la independencia judicial y la autonomía de la Fiscalía en el proceso.
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