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Nuevamente se aplazó la audiencia de imputación de cargos contra el coronel Benjamín Núñez
Tanto la delegada de Procuraduría como la defensa de las víctimas exigieron medida de aseguramiento intramural para el presunto culpable de los “falsos positivos” en Chochó, Sucre. La diligencia quedó para el miércoles.
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El coronel Núñez se había fugado a México, donde se entregó el pasado jueves. FOTO: COLPRENSA
12 de septiembre de 2022
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La audiencia de imputación de cargos contra el coronel Benjamín Núñez se retomó este lunes luego de que se aplazara el pasado 10 de septiembre, cuando la Fiscalía expuso todo el material probatorio recolectado en las investigaciones realizadas previamente, que demostrarían su culpabilidad en el caso de los “falsos positivos” donde perdieron la vida tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, Sucre.
En esta ocasión la procuradora delegada Beatriz Gómez, y abogados defensores de las víctimas, expusieron sus argumentos ante la Fiscalía y el juez encargado y exigieron medida de aseguramiento para Núñez.
En primera instancia, la palabra la tomó la procuradora, quien relató las pruebas presentadas por la Fiscalía para dar contexto de cómo, cuándo y en dónde sucedieron los hechos, considerados por la funcionaria como despreciables, viles y reprochables, que manchan la imagen de la Policía Nacional.
Por su parte, la defensa de una de las víctimas, Aníbal Garay, afirmó la necesidad de imponer medida de aseguramiento intramural, ratificando que Núñez es considerado como un peligro para la sociedad, y que dejarlo en libertad podría significar una obstrucción al debido proceso, pues se demostró que tiene la capacidad económica y el respaldo de su familia para evadir a la justicia, haciendo énfasis en la fuga a México.
Los abogados de las víctimas coincidieron en que Núñez debe ser trasladado inmediatamente a una cárcel de máxima seguridad y, además, exigieron más de 50 años de prisión teniendo en cuenta los delitos que se le imputan: homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Por su parte, el abogado Sergio Ramírez, defensor de Núñez, apeló los argumentos expuestos por la defensa de las víctimas, afirmando que Benjamín no representa ningún peligro para la sociedad, debido a que este se encuentra apartado de su cargo y, por lo tanto, no cuenta con ningún tipo de arma.
También manifestó que su defendido ha recibido varias amenazas de muerte, por lo que, según Ramírez, Núñez teme por su vida, añadiendo a su intervención la situación actual de violencia por la que pasa la institución, como el denominado plan pistola ejecutado por el Clan del Golfo.
Por lo anterior, la defensa de Núñez le hizo la petición al Juez de que se abstuviera de imponer una medida de aseguramiento de carácter intramural y que, de ser así, fuese bajo la condición de que la pena se pagara en una cárcel para miembros de la fuerza pública.
Finalmente, el Juez tomó la decisión de aplazar la audiencia por tercera vez, para el día miércoles 14 de septiembre, debido a que esta tomó más de seis horas para escuchar a las partes involucradas, y aseguró que para tomar una decisión se debe contar con un tiempo prudente.
