Bucaramanga atraviesa una transición administrativa después de que el Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde por incurrir en doble militancia.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expidió un decreto en el que designó a Eduard Jesús Sánchez Ariza, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, como alcalde encargado de Bucaramanga. La medida busca mantener la estabilidad institucional mientras se convoca a elecciones atípicas.
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Durante la presentación oficial, el mandatario departamental subrayó que la prioridad es asegurar la continuidad de la gestión municipal. Resaltó, además, la experiencia de Sánchez como abogado, especialista en derecho administrativo y procesal penal, con trayectoria en administración pública y gestión territorial.
El proceso se desarrollará siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad electoral. La Gobernación de Santander deberá tramitar la terna correspondiente para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en las próximas semanas.
Por su parte, Jaime Andrés Beltrán interpuso una tutela ante la Sala Plena del Consejo de Estado y un recurso de control de legalidad, en los que argumenta vulneraciones al debido proceso e imparcialidad.
La nulidad al anterior alcalde
Y es que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán al determinar que incurrió en doble militancia durante la campaña regional de 2023.
Según la sentencia, Beltrán, quien fue avalado por el partido Colombia Justa Libres, respaldó públicamente a candidatos del Concejo de Bucaramanga vinculados a otras colectividades, especialmente del Partido de la U. Ese actuar violaría las normas electorales que prohíben la participación simultánea en actividades políticas de distintos partidos.
Previamente, en diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander ya había anulado la elección del alcalde por el mismo motivo, en respuesta a demandas interpuestas por ciudadanos que argumentaban la vulneración normativa.
Beltrán presentó recursos para impugnar esa decisión inicial, pero el fallo del Consejo de Estado confirmó la nulidad sin posibilidad de apelación.
Entre las acciones que interpuso están una tutela para cuestionar el fallo por supuesta vulneración de derechos fundamentales y un recurso de control de legalidad que busca que la sentencia sea revisada bajo otros criterios. También solicitó la recusación de los magistrados de la Sección Quinta, alegando presunta parcialidad en el proceso, pero esta fue negada y el fallo quedó en firme.
Con ello, la sentencia del Consejo de Estado se consolidó como decisiva para apartarlo del cargo.
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