Tras el largo y polémico proceso por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante el gobierno Petro, el exdirector de la entidad, Olmedo López, se declaró culpable este miércoles 20 de mayo de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
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La aceptación de cargos se dio en el marco del escándalo que salpicó a congresistas y a altos funcionarios del Gobierno nacional. Con este movimiento, López busca una sentencia anticipada que evite la etapa de juicio oral y le permita acceder a una rebaja en su pena.
Inicialmente, López había negociado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que se comprometía a devolver 724 millones de pesos. Sin embargo, dos juzgados distintos rechazaron esta negociación tras considerar que la cifra económica propuesta no se ajustaba al total del dinero que el exdirector ayudó a desviar de las arcas estatales.
Ante la negativa de los jueces, la Fiscalía optó por dejar a un lado el preacuerdo y formular la acusación formal. Frente a este escenario, la defensa de López eligió la vía del allanamiento a cargos durante la audiencia instalada este miércoles, declarándose culpable de manera libre y voluntaria ante la jueza de conocimiento.
El trasfondo del entramado de corrupción: la declaración ante el estrado
López es considerado una de las cabezas visibles de una red corrupta que, durante el año 2023, direccionó contratos y coimas. El objetivo de estas maniobras era impulsar las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.
Dentro de este esquema, López señaló en sus declaraciones ante la justicia a Carlos Ramón González y a César Manrique, ambos funcionarios del Ejecutivo. Además del manejo de las reformas en el Legislativo, la red de corrupción operó en el direccionamiento de contratos públicos con sobrecostos.
El capítulo más visible de esta modalidad fue la adquisición de los 40 famosos carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable para los habitantes del departamento de La Guajira. Durante la diligencia judicial, el exdirector de la UNGRD defendió la legitimidad de su postura y descartó que se tratara de una estrategia de última hora para evadir las consecuencias legales de sus actos.
“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país. Desde hace mucho tiempo decidí no esconderme detrás del silencio”, afirmó Olmedo López ante la jueza encargada del caso.
El futuro jurídico y la devolución de recursos
A pesar de este allanamiento, López mantiene un principio de oportunidad parcial con la Fiscalía por su colaboración y delación (es decir, la acción de denunciar, revelar o comunicar voluntariamente a la autoridad sobre un delito), lo que lo libra de ir a prisión por otros delitos específicos.
No obstante, expertos consultados señalaron que la figura de la sentencia anticipada podría resultar en una pena más severa en comparación con el beneficio que se le ofrecía en el preacuerdo original. La consecuencia económica de esta nueva vía jurídica es que el procesado ya no queda obligado a devolver los 724 millones de pesos que se habían pactado inicialmente en la negociación fallida.
El próximo martes 26 de mayo, la jueza del caso, donde López comparece privado de la libertad, definirá si avala la aceptación de cargos para proceder de inmediato con la dosificación de la pena.
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