Con el argumento de que no puede haber territorios vedados para las autoridades, los 50 policías que habían sido expulsados por un sector de la comunidad regresaran al corregimiento El Palo, que sigue siendo adversa para la fuerza pública.
El retorno de los uniformados a esa conflictiva zona del municipio de Argelia, en el Norte del Cauca, fue ordenado por el general Rodolfo Palomino y el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
El director de la Policía Nacional calificó de “inaceptable” que un grupo de habitantes fueran responsables de una asonada contra los uniformados y que destruyeran las barricadas del comando con maquinaria pesada.
Y agregó que los uniformados regresarán al corregimiento para “cumplir con su deber constitucional de defender a la comunidad”, al tiempo que confirmó que se implementarán las acciones para evitar que la Policía y la comunidad sean víctimas de atentados”.
Mientras se cumple la orden, la directora regional de Fiscalías en Cauca, Martha Inés Restrepo, confirmó a la agencia Colprensa que se “van a investigar los delitos de incendio, asonada, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Vamos a investigar a los promotores que fueron los que generaron los hechos delictivos, identificar a los actores materiales”.
La acción de la comunidad, que según la Fiscalía podría ser judicializada por varios delitos, es defendida por la población con el argumento de que la cercanía del comando a la población los pone en peligro ante los constantes ataques al Ejército y la Policía.
Por eso se suscitó de nuevo el debate por la presencia de guarniciones cerca a los bienes civiles. Según los habitantes, desde hace ocho años demandan ante el Gobierno el traslado de la estación de Policía para garantizar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario.
Pero de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las guerrillas han hecho caso omiso a esta norma para proteger a los civiles. El Centro de Análisis de Conflictos, entre 2012 y 2015 registró que el corregimiento El Mango fue escenario de 15 ataques y hostigamientos contra la fuerza pública, con algunos daños en viviendas.
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