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A bordo de 130 lanchas y “armados” con tambores y banderas amarillas, los afrodescendientes caucanos del Proceso de Comunidades Negras (PCN) bloquearon desde la mañana de este sábado el Puerto Internacional de Buenaventura, en el Pacífico colombiano.
El objetivo de los manifestantes es que no entren ni salgan mercancías del puerto para llamar la atención del Gobierno, que en este momento está dialogando en Cali con los representantes de la Cumbre Agraria. “Esta es una manera distinta de movilizarnos, al ritmo de nuestros cantos y música ancestral”, dijo uno de los voceros de la manifestación.
La toma del puerto de Buenaventura se suma a las demás movilizaciones que han congregado a miles de campesinos, mineros y comunidades étnicas de todo el territorio nacional desde el pasado 31 de mayo, y que hasta ahora han dejado un saldo de tres civiles muertos y más de 100 heridos.
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Desde esta semana, los ministros de Interior y Agricultura viajaron al departamento del Cauca -donde está la concentración más numerosa de manifestantes- para iniciar un acercamiento con los voceros del Paro. Acordaron que este sábado se iniciarían los diálogos para buscar una solución a las demandas de las comunidades.
En este momento, una delegación del Gobierno conformada por el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; Agricultura, Aurelio Iragorri, y el ministro Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, discuten la problemática en una mesa de la que también hacen parte los congresistas del Polo Democrático Iván Cepeda y Alberto Castilla, el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) Luis Evelis Andrade, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, un representante de Naciones Unidas y los voceros de la Cumbre Agraria. Pero, ¿qué es lo que están discutiendo?
La Cumbre Agraria es un proceso que inició con el paro del 2013, en el que participaron campesinos, indígenas, afrocolombianos, mineros, estudiantes y transportadores que reclamaban mejores condiciones para los agricultores y demás trabajadores del campo. En ese momento, el Gobierno y las comunidades llegaron a una serie de acuerdos que, según los voceros de la Cumbre, aún no han cumplido.
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El primer punto de desacuerdo entre el Gobierno y las comunidades son las Zidres, una ley impulsada por la administración de Santos que busca la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico. Según el Gobierno, las Zidres pretenden el desarrollo del sector agropecuario con un enfoque productivo, pero ni la Cumbre Agraria ni los congresistas del Polo Democrático y la Alianza Verde están de acuerdo.
De acuerdo con los voceros del paro, las Zidres permiten “que los baldíos de la nación pasen a manos no sólo de campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también y principalmente a grandes inversionistas agroindustriales”.
El segundo punto tiene que ver con los Tratados de Libre Comercio. En el pliego de peticiones los manifestantes piden priorizar la producción agrícola local y eliminar los Organismos Genéticamente Modificados “para el libre acceso a las semillas”.
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El tercer punto tiene que ver con la minería y los proyectos hidroeléctricos. Los indígenas exigen que se eliminen los títulos mineros de sus tierras ancestrales y de las zonas protegidas. Además, las comunidades piden que la explotación minera en un territorio sea previamente consultada a las comunidades, “como ejercicio de soberanía popular”.
Además, la Cumbre Agraria está en contra de las “fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución” a los cultivos ilícitos, y proponen un programa de sustitución “autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización”.
En la jornada de este sábado las partes tendrán la tarea de fijar las fechas para discutir los puntos que proponen los voceros de la Cumbre -y que no distan mucho de los temas que se han discutido durante cuatro años en La Habana-. Del éxito de estas negociaciones no depende solo que se regule la situación de orden público, sino también que el Gobierno y las comunidades empiecen a abonar el terreno para el posconflicto.
Así va el paro en Antioquia
Aunque ya no hay vías bloqueadas, los indígenas, campesinos y mineros siguen concentrados en tres puntos del departamento de Antioquia: Tarazá y Valdivia, en el Bajo Cauca, y Apartadó, en el Urabá antioqueño.
Según el coronel Wilson Pardo, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, “las seis vías principales del departamento están controladas por la Policía de Tránsito y el flujo vehicular es normal”, incluso en la zona de Urabá.
El coronel Pardo aseguró que en Tarazá están concentradas 300 personas, “la mayoría son mineros y algunos campesinos dedicados al cultivo de coca”, en Valdivia hay 120 manifestantes y en Apartadó, 1.200 indígenas de la comunidad emberá-katío.
Las cifras de los voceros de la Cumbre Agraria, sin embargo, distan mucho de las de la Policía. Según ellos, en Apartadó hay 3.500 indígenas y en Valdivia, 500 manifestantes que se tomaron este viernes la Alcaldía de dicho municipio y que fueron desalojados horas después por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.
Sobre esto, el coronel Pardo aseguró que ya se restableció el orden en el palacio municipal de Valdivia y que los funcionarios públicos están trabajando este sábado con normalidad.
Los indígenas murieron por armas no convencionales
Marco Aurelio Días Ulcue, de 25 años, y Gersaín Cerón Tombe, de 29 años, quienes fallecieron este jueves en la vía Panamericana (entre Cali y Popayán) durante las protestas de Paro Agrario, no fueron impactados por un arma de fuego convencional, sino por una de material artesanal, confirmó el Instituto de Medicina Legal.
Según el dictamen, “los cuerpos presentan heridas por proyectil de arma de fuego compatibles con carga múltiple. Los elementos recuperados permiten establecer que corresponden a material artesanal no convencional (recalzado)” y que los impactos ´produjeron heridas en el tórax que lesionaron los órganos vitales.