El alto tribunal consideró que existen elementos suficientes para analizar posibles riesgos para la moralidad administrativa y la continuidad del servicio. Además, ordenó remitir estudios técnicos y presupuestales para evaluar la legalidad del convenio.
La controversia por el modelo de expedición de pasaportes no se detiene. Este 13 de febrero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió mantener en curso la acción popular presentada contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional por el convenio que sustenta el nuevo esquema de producción del documento, en alianza con la Casa da Moneda de Portugal.
Con esta determinación, el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón ratificó que existen elementos suficientes para analizar de fondo si el acuerdo pudo comprometer derechos colectivos.
El Tribunal consideró que la acción popular es procedente cuando hay señales de un riesgo cercano y serio que podría afectar intereses generales, especialmente en servicios esenciales para la ciudadanía.
El demandante, Nicolás Dupont Bernal, sostiene que el Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 habría sido estructurado sin garantías plenas en materia de planeación y respaldo presupuestal.
En su criterio, esto podría impactar principios como la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público, además de poner en entredicho la prestación eficiente del servicio.
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Uno de los puntos centrales del debate es que el convenio habría dejado abierta la financiación a futuras apropiaciones en cada vigencia fiscal, lo que, según la demanda, genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de recursos para asegurar la continuidad del proceso.
Al examinar el caso, el Tribunal advirtió que la expedición de pasaportes depende de una operación técnica y logística altamente coordinada.
Desde la producción de libretas hasta la personalización y entrega, cada fase está conectada. Una falla en esa cadena podría traducirse en retrasos masivos y afectar viajes, trámites académicos, tratamientos médicos o compromisos laborales.
La decisión judicial también recordó que en septiembre de 2025 el país enfrentó una crisis de desabastecimiento y congestión en la asignación de citas, situación que dejó en evidencia la fragilidad del sistema ante fallas de planificación. Para el Tribunal, ese antecedente demuestra que el riesgo no es hipotético.
”Ya existió una crisis real y comprobada en septiembre de 2025, período en el cual se presentó un desabastecimiento de pasaportes y una grave congestión en la asignación de citas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que afectó a miles de ciudadanos”, dijo el tribunal, ratificando lo que estableció en el auto del 14 de enero de 2026.
A esto se suman advertencias de la Contraloría General de la Nación, que ha señalado posibles dificultades para garantizar la continuidad del servicio ante el vencimiento del contrato con el proveedor actual y los desafíos técnicos que implicaría que la Imprenta Nacional asuma plenamente la operación en los tiempos previstos.
De hecho, para el contralor de la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, también existe la preocupación de un “escenario de desabastecimiento” si no se cumplen los plazos para que el nuevo modelo entre en vigencia el 1 de abril de 2026.
Como primera medida, el Tribunal solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que remita, en un plazo de tres días hábiles, los estudios técnicos, financieros y jurídicos que respaldaron la estructuración del convenio, así como los análisis de riesgo y la planeación presupuestal correspondiente.
Mientras tanto, la urgencia manifiesta con el proveedor Thomas se mantiene hasta el 30 de abril.
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