El Gobierno refutó las críticas formuladas por Amnistía Internacional (AI) sobre el proceso de restitución de tierras que se adelanta en el país, calificado por esta Ong como un proceso lento que ha defraudado víctimas, y aseveró que el programa implementado en Colombia es modelo a seguir en el mundo.
Para el organismo internacional, el programa bandera del presidente Juan Manuel Santos que busca devolver a los campesinos la tierra arrebatada por grupos ilegales, posee fallas estructurales como el poco retorno de los restituidos, intimidados por quienes se oponen a la restitución, y el asesinato de varios reclamantes, cuya impunidad no permite el avance en el programa.
“No basta con entregar a la gente un título de propiedad. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio”, dijo Marcelo Pollack, investigador para Colombia de Amnistía Internacional.
Restitución sí funciona
Para el Gobierno, la posición de Pollack frente a los adelantos del programa carece de información. En respuesta, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que la restitución muestra resultados efectivos, “poniéndole la cara a un problema que lleva más de 50 años y no había sido enfrentado antes con tanto compromiso. Ya somos ejemplo internacional en administración de justicia para el campo.”
El gran reto, explicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es que Colombia inició los procesos de restitución sin terminar el conflicto, “lo que, evidentemente, dificulta que los procesos avancen”.
Esa poca efectividad es el centro del informe de AI. Reseña que desde 2012 solo se han devuelto 30.000 hectáreas a campesinos y 50.00 en zonas indígenas, “cuando el universo es ocho millones de hectáreas adquiridas de manera ilegal”.
El Gobierno rechazó esta afirmación y afirmó que en dos años se han devuelto más de 84.516 hectáreas a más de 11.401 personas y en manos de jueces hay 300.000 hectáreas para sentencia y restitución.