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La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que será la Jurisdicción Especial para la Paz la que adelante el proceso contra el exsenador Álvaro Ashton, quien está investigado por parapolítica.
La puja la resolvió el alto tribunal luego de que hubiese un choque de trenes entre la justicia transicional y la Fiscalía General de la Nación. La Corte le dio la razón a la Corte Suprema de Justicia quien remitió meses atrás el proceso al tribunal de paz.
El caso del exsenador que reposará desde ahora en la JEP relaciona los nexos con el paramilitarismo y el denominado ‘Cartel de la Toga’, el entramado de corrupción que se suscitó en el interior de la Corte Suprema, para favorecer procesos judiciales de aforados.
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Cabe mencionar que el excongresista tenía cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, de las cuales tres pasaron a manos de la justicia especial: la primera, por vínculos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas (AUC), la segunda por amenazas a un exparamilitar que era testigo en su contra, y una última, la del ‘Cartel de la Toga’, porque pagó un millonario soborno para que su expediente por parapolítica se archivara.
El tribunal de paz halló que los tres procesos guardaban relación directa con el conflicto armado, por lo que podían ser investigados por la justicia transicional y no por la ordinaria.