Piden a la JEP investigar nexos de la Fuerza Pública con paramilitares

JEP debería revisar los posibles nexos entre la Fuerza Pública y los paramilitares en Casanare. FOTO: Colprensa

El Consejo de Estado le solicitó a la Fiscalía y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que examinen la posibilidad de investigar un caso de desaparición forzada atribuido a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

Esto, con el fin de que, eventualmente, se individualice y se juzgue a los responsables de la conducta de la que fue víctima el enfermero Henry Calixto Rey Morales, integrante de una misión médica atacada por ese grupo paramilitar en agosto del 2003.

Así lo indicó la Sección Tercera del alto tribunal al condenar a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional, por la desaparición y muerte de Rey, quien integraba el grupo que cayó a manos del grupo armado dirigido por Héctor Germán Buitrago Parada, alias ‘Martín Llanos’.

El hecho se produjo cuando integrantes de las ACC atacaron una misión médica que se disponía a atender un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce de Monterrey a Villanueva (Casanare).

Gracias a las versiones libres de los desmovilizados de las ACC en Justicia y Paz, desde el 2009 la justicia comprobó que la desaparición y muerte de la víctima y sus compañeros fue propiciada por integrantes de este grupo paramilitar, quienes además desmembraron los cuerpos del personal médico para evitar que fueran encontrados por las autoridades.

Los familiares del señor Henry Calixto Rey interpuso una demanda de reparación que salió a su favor al indicar que las autoridades no tomaron las medidas de seguridad adecuadas, a pesar de la sistemática ocurrencia de casos de desaparición forzada y ataque generalizado a misiones médicas que se venían presentando en el Casanare en la época, como consecuencia de una “guerra sangrienta entre el Bloque Centauros y las A.C.C”.

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“Entre 1986 y 2007 se registraron 2553 personas desaparecidas y entre el año 2001 y 2004 en los municipios de Sabanalarga, Villanueva, Monterey, Aguazual, Tauramena, Maní, Chámeza, Recetor y Yopal, 746 fueron personas desaparecidas. Al contrastar esta última cifra con la registrada en el mismo periodo en el resto de los municipios del departamento de Casanare, el cual fue de 75 personas desaparecidas, se encuentra que representa el 91% del total de personas afectadas por este flagelo en todo el departamento, lo cual es de suma gravedad”, alertó el fallo.

La Sala manifestó preocupación por el hecho de que la Fiscalía General de la Nación haya decidido inhibirse de abrir formalmente investigación, pese a la existencia de patrones sistemáticos y generalizados en los que se enmarcaron violaciones a los derechos humanos tales como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias o arbitrarias, las cuales de no ser investigadas, sancionadas y juzgadas por el Estado, constituirían hechos internacionalmente ilícitos por omisiones del poder judicial, y podrían ser eventualmente objeto de conocimiento de la justicia internacional.

Así las cosas, además de la reparación económica por más de 447 millones de pesos que deberá recibir la familia de la víctima, la Sala ordenó medidas de satisfacción para que la Fiscalía y la JEP esclarezcan la responsabilidad de las personas que participaron en el hecho.

Recomendaciones

Esto, de acuerdo a varios parámetros como determinar las personas que participaron en la planeación, diseño y ejecución del hecho y, articular para ello, todos los mecanismos de coordinación previstos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como lo son la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales.

La idea de esta petición es lograr no solo investigaciones serias y coherentes sino reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos de la población de Monterrey.

EL Consejo de Estado igualmente recomendó como parámetros, determinar, de acuerdo con las investigaciones que se adelanten por la Jurisdicción Especial para la Paz, “si en las actividades ilícitas desarrolladas por dicho grupo armado ilegal en varios municipios de Casanare participaron también agentes estatales, autoridades civiles o particulares evitando omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”.

Además, recomendó asegurar que los paramilitares condenados en Justicia y Paz o en justicia ordinaria estén a disposición de las autoridades judiciales competentes a efectos de cooperar en los procedimientos que se conduzcan a esclarecer estos hechos.