A cada día de 2019 podría bautizársele con el nombre de un líder social asesinado. Solo han transcurrido seis jornadas y seis personas que ejercían el liderazgo murieron de manera violenta a manos de hombres armados que querían acallar su voz e invisibilizar para siempre su trabajo comunitario.
En estos días no puede hablarse de una comunidad en específico sino de un país entero que sufre la pérdida de sus gestores. Los homicidios se presentaron en Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Magdalena.
Las estadísticas siguen engrosándose. Al 30 de noviembre del año pasado, por ejemplo, fueron, según cifras de Indepaz, 226 los líderes asesinados, mientras que la Defensoría del Pueblo ubicó 164 casos.
Maritza Quiroz Leiva es la más reciente líder social asesinada en Colombia. Así lo denunciaron organizaciones sociales, civiles y políticas a través de redes sociales.
De acuerdo con la información preliminar, a Quiroz Leiva la mataron en la madrugada de ayer en su parcela, ubicada en Santa Marta, Magdalena, y era reconocida por ser reclamante de tierras.
Sobre este caso en particular, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, manifestó: “Lamentamos y rechazamos enérgicamente su asesinato. Ninguna razón justifica el accionar de los violentos, este es un país que transita los caminos hacia la paz”.
Desde el Gobierno Nacional también lamentaron el homicidio. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, fue quien desde sus redes sociales criticó este nuevo hecho de sangre y apuntó que “repudiamos homicidio de líder de mujeres víctimas vereda San Isidro - Santa Marta”, quien el viernes participó en una reunión con el ejecutivo.
El Gobierno ha negado de manera enfática que el asesinato de líderes sociales sea sistemático, ya que las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación confirman que son múltiples los actores involucrados: el Eln, el Clan del Golfo, la delincuencia común, trifulcas familiares o intolerancia, por lo que no puede marcarse un patrón.
Sin embargo, independiente del motivo por el cual asesinan a estos ciudadanos es responsabilidad del Estado protegerlos.
Así lo consideró el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández: “No vacilo en asegurar que, con independencia de su origen -izquierda o derecha- lo que está pasando en Colombia con los líderes sociales es un genocidio. Es muy grave, y es peor que a nadie le importe. Estado: su función es proteger a todas las personas residentes en Colombia”.
Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Gobierno está implementando las medidas recientemente aprobadas por el presidente Iván Duque.
Mientras tanto, los líderes de las comunidades más afectadas esperan que esa acción llegue antes de que los nuevos muertos sean ellos.
