La decisión de la Fiscalía al declarar crimen de lesa humanidad la financiación de empresas bananeras al paramilitarismo, es una resolución que apunta a que los crímenes cometidos bajo esta figura no prescriban y en el tiempo, y puedan determinarse los responsables indirectos de hechos victimizantes.
La medida involucra a algunas empresas bananeras, cuyas ayudas llegaron al frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. El delito en el que habrían incurrido fue tipificado como concierto para delinquir agravado.
Lee: Financiación de bananeras a paramilitares en Urabá es delito de lesa humanidad
“Se estableció que efectivamente con esos dineros aportados por aquellos bananeros que financiaron el grupo paramilitar, no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al margen de la ley en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos”, explicó la Fiscalía.
Y agregó que a través de los paramilitares, los bananeros ejercieron un control social de tal magnitud que se cooptó el movimiento sindical y “prácticamente eliminó el derecho a la protesta social en la zona bananera de Urabá”.
Empresarios se defienden
“No es cierto que el sector bananero colombiano haya financiado grupos paramilitares, ni que haya estado inmerso en la ilegalidad. Querer confundir o creer que el hecho de que se dieron durante un periodo tres centavos de dólar a los servicios especiales de seguridad y de vigilancia es un error. El sector bananero colombiano sí aportó dicha cantidad a una actividad que era legal, que era inspeccionada y jurídicamente amparada por el Estado”, expresó Juan Camilo Restrepo Gómez, presidente de Augura, gremio de los bananeros de Colombia.
Sin embargo, consideró que esta será una oportunidad: “En un zona con ausencia de Estado y estigmatización, creemos que esta es una gran oportunidad para aclarar lo sucedido en esa época como también, si así lo requieren, las instancias legales”.
.
Así habría pasado
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, explicó que los bananeros pagaron durante varios años tres centavos de dólar por cada caja exportada a las Convivir para que les brindaran seguridad.
“Los empresarios construyeron esas empresas para cometer el delito, financiar la actividad paramilitar y eso está comprobado”, advirtió Vega.
De paso recordó que Chiquita Brands y Banadex fueron condenadas por financiar y transportar armas de los paramilitares. Esa, según él, fue una práctica reiterada de los empresarios del banano en Urabá.
La Fiscalía citó una de esas experiencias: “Uno de los hechos que se destaca corresponde al sucedido el día 7 de noviembre de 2001, cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, la cantidad de 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua a bordo del barco Otterloo de bandera panameña” .
3
centavos de dólar por caja de banano exportada pagaban los empresarios a las convivir.
