Tras las reunión que sostuvieron ayer martes la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares Prieto, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, acordaron un intercambio permanente de información y mecanismos de colaboración armónica entre ambas instituciones.
Partiendo de las competencias legales que tiene la JEP para administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocer de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre de 2016, en adelante se podrán realizar reuniones conjuntas en las que participarán fiscales e investigadores, así como magistrados de la Jurisdicción, para analizar y facilitar la entrega de información requerida para los distintos casos.
También pactaron que en los casos en que se presenten amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, el ente acusador asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas.
En ese sentido una unidad especial se encargará de la judicialización de estos hechos, así como de llevar a cabo, bajo procedimientos especializados, la investigación.
Y con el objetivo de contribuir en el suministro de toda la información relevante para que la JEP cumpla su misión, la Fiscalía ratificó su compromiso de entregar 17 informes descriptivos sobre procesos por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, de los cuales ya ha entregado 9.
Ambas instituciones le solicitaron a los excombatientes preservar en su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como a los responsables de implementar las políticas públicas necesarias para poner en marcha los proyectos productivos y las condiciones de reintegración de los desmovilizados.
