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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes un informe sobre “prácticas de derechos humanos” en Colombia que incluyó observaciones (divididas en siete secciones) en torno a temas como ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, reclutamiento infantil, desplazamiento forzado y asesinato de líderes sindicalistas.
Ejecuciones extrajudiciales
El texto empieza por resaltar que “hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales. Según el Centro de Investigación y Educación de la Población (Cinep), del 1 de enero al 19 de agosto se registraron 15 casos de muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales”.
En este segmento, por ejemplo, se habla de la muerte de Javier Ordoñez a manos de los dos agentes de Policía señalados de haber causado el deceso el pasado 8 de septiembre de 2020. Además –cita el informe– “la Fiscalía General de la Nación registró 25 nuevos casos de presunto homicidio agravado por parte de agentes estatales por homicidios ocurridos entre 2008 y agosto de 2020”.
Paralelamente, el Departamento de Estado apuntó que “continuaron los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, en las que miles de civiles fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000. Hasta junio, la Fiscalía General informó que el Gobierno había condenado a 1.740 miembros de las fuerzas de seguridad en 270 casos relacionados con falsos positivos desde 2008”.
Hasta agosto del año pasado, recordó el texto, había investigaciones abiertas de 14 generales retirados y en servicio activo relacionados con homicidios de falsos positivos. “La Fiscalía General también informó que al 31 de julio había 2.286 investigaciones abiertas relacionadas con homicidios de falsos positivos u otras ejecuciones extrajudiciales”, añadió.
Respecto a la situación de los líderes sociales, el informe no dejó pasar que, de los 400 casos de asesinato desde 2016 hasta agosto del año pasado, el ente acusador colombiano había ordenado 60 condenas.
Tortura
Nuevamente citando al Cinep, el informe detalló que, hasta agosto de 2020, “las fuerzas de seguridad presuntamente estuvieron involucradas en seis casos de tortura (...). Los miembros de las fuerzas armadas y de la policía acusados de tortura generalmente fueron juzgados en tribunales civiles en lugar de militares”.
“La Procuraduría General de la República informó que condenó a 18 militares o policías por tortura entre enero y el 31 de julio, todos por delitos ocurridos en años anteriores. Además, la Fiscalía General informó de 50 investigaciones en curso sobre presuntos actos de tortura cometidos por la policía o las fuerzas armadas hasta julio. Todas las investigaciones menos una estuvieron vinculadas a presuntos delitos cometidos en años anteriores”, incluyó el texto.
El Departamento de Estado también anotó que los disidentes de las Farc y las bandas del crimen organizado fueron responsables de nueve casos documentados de tortura.
Reclutamiento infantil
El departamento también mencionó que el Eln, los grupos disidentes de las Farc, el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales reclutaron a personas menores de 18 años y resaltó que 6.860 niños fueron separados de los grupos armados ilegales entre el 16 de noviembre de 1999 y 31 de julio de 2020, basándose en reportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Desplazamiento forzado
“Durante el año (2020) se informó sobre otros abusos en el contexto del conflicto y el tráfico de estupefacientes. Los narcotraficantes y los grupos armados ilegales continuaron desplazando a poblaciones predominantemente pobres y rurales”, señaló el documento.
Las amenazas planteadas por los grupos armados ilegales, según el Departamento de Estado, provocaron el desplazamiento interno en zonas remotas y en entornos urbanos. En línea con esto, expuso que la retirada de las Farc “provocó violencia y desplazamiento interno” y habló de ocho millones de personas desterradas, aunque no precisó en que periodo.
“El tráfico de drogas, la minería ilegal y las empresas comerciales a gran escala en las zonas rurales también contribuyeron al desplazamiento”, agregó el texto.
Sumado a lo anterior, el escrito citó que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que aproximadamente 37.760 personas resultaron afectadas en 84 eventos de desplazamiento en 2019 y que 15.400 personas fueron afectadas en 52 eventos de desplazamiento entre enero y agosto.
“En junio de 2020 –prosiguió– el Gobierno registró aproximadamente 361.150 desplazados internos que se identificaron como indígenas y 1.114.350 que se identificaron como afrocolombianos. Las personas indígenas constituían aproximadamente el 4,5 % y los afrocolombianos aproximadamente el 14 % de los nuevos desplazados internos registrados por el gobierno”.
Y remarcó: “Las organizaciones internacionales y las ONG seguían preocupadas por la lenta e insuficiente respuesta institucional al desplazamiento”.
Otras observaciones
Frente a la protección de líderes sindicales, según el Departamento de Estado, en agosto de 2020, la Unidad Nacional de Protección (UNP) custodió a 301 dirigentes o sindicalizados. Para ese momento, según remarcó, menos del 1 % del presupuesto se dedicó a la protección sindical.
“Entre el 1 de enero y el 31 de julio, la UNP procesó 193 evaluaciones de riesgo de líderes o afiliados sindicales (...) e informó que el tiempo promedio necesario para implementar las medidas de protección al completar un análisis de riesgo fue de 60 días en casos regulares o de cinco días para casos de emergencia”.
Las ONG, por su parte, se quejaron de que este período de tiempo dejaba en peligro a sindicalistas amenazados, tal como detalló el informe y anotó que la Procuraduría informó haber recibido 217 casos de homicidios de sindicalistas entre enero de 2011 y julio de 2020.