La Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y abrió un incidente de desacato contra el ministro de Justicia Wilson Ruiz.
La decisión, según detalló la JEP, se tomó luego de evidenciar múltiples desacatos del Ministerio de Justicia a una serie de medidas cautelares que ordenó esa Jurisdicción con la idea de proteger la vida de los líderes sociales y los excombatientes, dos poblaciones ampliamente afectadas por el accionar de grupos armados en diferentes regiones del país.
Tras el asesinato de múltiples líderes sociales y ambientales y más de 325 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción le había ordenado al Ministerio enviar un informe detallado sobre las acciones que estaba tomando para evitar más asesinatos y para judicializar a los responsables de los que ya se habían perpetrado.
Dentro de dicha información, la Jurisdicción solicitó pruebas de: “la implementación y los logros alcanzados en materia de adecuación de la política criminal para el desmantelamiento de organizaciones criminales y acciones promovidas para el sometimiento a la justicia, la articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y resultados; ii) las actividades de coordinación y articulación implementadas con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y otras entidades con funciones de garantías de seguridad, para contribuir a las investigaciones sobre la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de organizaciones criminales en el contexto de las garantías de no repetición; iii) Planes y acciones focalizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la justicia en los municipios más afectados por la violencia, acordados con el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Hacienda, y el estado de su implementación conforme a los compromisos que refiere la Procuraduría”.
Pese a eso, según las pruebas que adjuntó la JEP, el Ministerio no remitió la información en el tiempo establecido. Por eso, la Jurisdicción emitió un nuevo auto, en junio de este año, en el que le daba un ultimátum de 5 días hábiles más para presentar el informe y lo amenazaba con abrir un incidente de desacato si no cumplía con el compromiso en ese tiempo establecido.
“El despacho le advierte al ministro de Justicia y del Derecho que, el incumplimiento de la orden judicial que nuevamente se reiterará, dará lugar a la apertura de un incidente de desacato conforme lo dispone la Ley 1922 de 2018 en su artículo 25 y demás normas concordantes y remisorias”, anunció la JEP.
Incluso, la Jurisdicción fue clara con que esa información aún es requerida y que el ministro Ruiz está obligado “a cumplir y a informar” sobre las medidas que está tomando para evitar más asesinatos.
“La persistencia de las violaciones a los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación exige el seguimiento permanente a las órdenes proferidas a las entidades estatales con obligaciones vinculantes en materia de garantías de seguridad”, dijo la JEP en el auto con el que ordenó la apertura de desacato.
Por ahora, el ministro Ruiz tiene un período de 5 días hábiles para emitir a la Sección “las pruebas que pretenda hacer valer respecto al incumplimiento de las órdenes y ejerza las acciones que considere pertinentes en el marco de su derecho de defensa”. Mientras tanto, la Procuraduría pasará a investigar si la conducta del Ministerio de Justicia incurrió en alguna violación a las medidas cautelares. De ser así, deberá abrir un nuevo proceso para imponer las sanciones pertinentes.
