La implementación del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc el 26 de septiembre de 2016 en Cuba, y ratificado el 24 de noviembre del mismo año en Bogotá, ha estado en un limbo que va desde la posición institucional la cual afirma que se ha cumplido con lo pactado, y desde la orilla de los excombatientes que reclaman implementar lo negociado en La Habana.
El seguimiento de los compromisos adquiridos ha estado a cargo del Instituto Kroc de estudios Internacionales para la Paz, el cual, en el caso de Colombia, ha emitido dos informes que registran el estado de la implementación.
EL COLOMBIANO conversó con Borja Paladini Adell, representante en Colombia del instituto y coordinador de la iniciativa Barómetro del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, quien comentó los pormenores de este proceso que desarmó a la guerrilla más antigua del continente: las Farc.
¿Cuál es el estado de la implementación del Acuerdo?
“El instituto Kroc analiza 578 compromisos concretos del Acuerdo que se pueden medir, de esos 578, ha identificado que el 61 por ciento tienen algún progreso o han iniciado. Hay adelantos en temas muy importantes como que el conflicto con las Farc terminó, el proceso de dejación de armas fue exitoso, se ha logrado que cambie las balas por los votos y es un partido político democrático. Eso se ha logrado relativamente rápido, en un año”.
Pero, ¿la implementación va a un ritmo normal o lento?
“Si lo comparas con las expectativas de la gente va muy lento, pero si lo comparas con otros procesos del mundo tiene avances significativos. Colombia ha logrado en 20 meses lo que otros países no hicieron en dos años. Por ejemplo, los mecanismos de justicia transicional están en marcha y en otros sitios esto se logra a partir del cuarto año de implementación; en el país se logró en un año la dejación de armas, el fin del conflicto y la conversión en un partido político de la guerrilla, eso muestra avances”.
No obstante, ha habido atrasos en algunos puntos...
“Hay unos retrasos. Enfatizamos en la necesidad de que se ponga más atención en la calidad de la paz, no solo en la formalidad. Esto significa generar espacios de diálogo entre diversos actores de la sociedad para que el proceso de la construcción de paz sea de diálogo, de miradas colectivas sobre los problemas, pero también sobre las soluciones y sumar los recursos de las comunidades, de los empresarios, de las instituciones públicas, de las ONG, de la cooperación, del Estado, y que la suma de esos recursos nos permita enfrentar las dificultades que tenemos en común. La paz se trata de dejar de ver al otro como el enemigo, porque solo con el otro podremos resolver los inconvenientes”.
¿Cuáles son los temas más atrasados del Acuerdo?
“El Acuerdo recoge una serie de instrumentos que permitirían que la entrega de tierras, la formalización el catastro se hiciera más rápido, pero el problema de trabajar con instrumentos previos es un proceso lento y el reto de la reforma rural es a largo plazo y requiere el compromiso de varios gobiernos. El Acuerdo genera una serie de instrumentos que de aprobarse ayudaría a que se avanzara más rápido en luchar contra la pobreza, o reducir esa brecha tan grande que hay entre algunos territorios y las grandes ciudades.
Además, nos preocupa el punto 2 (participación política), porque tiene que ver con la calidad de la democracia, porque hay retrasos en los mecanismos de acompañamiento social, la falta de garantías de movilización y la protesta social”.
¿Cuáles son los principales retos de la implementación?
“Las principales preocupaciones que planteamos como retos es la situación de inseguridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de Farc. Eso tiene una dimensión individual, están matando gente y el Estado no lo puede aceptar, y tiene una consecuencia en la implementación: si aquellas personas que asumen un liderazgo en la implementación no están seguras, puede tener implicaciones sobre la ejecución del resto de puntos.
Hay otro tema que preocupa y es la puesta en marcha de los mecanismos de reincorporación social y económica de excombatientes, es una población en alto riesgo de volver a la criminalidad y es necesario atender las necesidades de esta población y de las comunidades donde viven porque solo así se podrá garantizar que se conviertan en fuerza de paz y no en un riesgo de que vuelvan a la violencia”.
¿Quién ha cumplido más los compromisos adquiridos en el Acuerdo, la Farc o el Gobierno?
“La mayor parte de los compromisos son asumidos por el Estado colombiano, pero son a 15 años; los asumidos por Farc son a corto plazo y ha cumplido muchos de estos. El reto ahora es esa lógica de una paz de calidad donde requiere un esfuerzo de este Gobierno y de los próximos para mostrar que la paz no es solo un tema con la exguerrilla sino que beneficia a todas las comunidades, en particular en los territorios donde más han sufrido la violencia y la inequidad”.
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