El video que muestra a Carlos Julián Bermeo, un fiscal de apoyo, recibiendo un fajo de dólares por debajo de una mesa para supuestamente, según la Fiscalía, incidir en el trámite de extradición del exguerrillero “Jesús Santrich”, repercutió negativamente en la imagen de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que avanza escuchando testimonios en los casos priorizados. Tan pronto salió el video, críticos del Centro Democrático la rotularon de encubridora de las Farc.
Este es otro golpe a la credibilidad de una justicia que, apenas naciendo, ya se encontraba en problemas.
Malos manejos de los recursos durante la creación de la Jurisdicción, cuando todas las decisiones eran tomadas por el entonces secretario ejecutivo Néstor Raúl Correa; disputas internas por el poder; problemas de competencia con la justicia ordinaria y con la Fiscalía General de la Nación; un proceso judicial contra su directora administrativa, Martha Lucía Zamora, por supuestamente asesorar indebidamente a los excombatientes de las Farc para ocultar su desaparición.
A esto se le añaden recientes señalamientos por contratos a dedo cuyos beneficiados eran dos exfuncionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos (Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras; Ricardo Sabogal, exdirector de la Unidad de Restitución de Tieras, y Juan Sebastián Rozo), han hecho mella.
Y ahora está por investigar el tema de las supuestas coimas. El caso de extradición de Seuxis Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, es uno de los temas judiciales más taquilleros del momento, y que un político condenado por vínculos con paramilitares meta las manos en él mina la confianza.
Sin embargo, la JEP oficialmente sigue mostrándose como un juez neutral, que opera bajo los mandatos y preceptos de la ley y de la Constitución.
De hecho, la presidenta de esa jurisdicción, magistrada Patricia Linares, solicitó al director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) “con el debido respeto a su autonomía e independencia”, la desvinculación del funcionario capturado y la revisión exhaustiva de las hojas de vida de sus colaboradores, lo que “permitirá empezar a reconstruir la confianza necesaria entre la magistratura y su componente de investigación, que quedó seriamente afectada”. La magistrada siguió: “Sin duda lo ocurrido puso en entredicho el valor más importante para el cumplimiento de nuestras funciones: una ética intachable e incuestionable que genere confianza en nuestras actuaciones, confianza que fundadamente quedó resquebrajada”.
Giovanni Álvarez, director de la UIA, que hace las veces de la Fiscalía en esta jurisdicción, le respondió a la magistrada que la desvinculación del fiscal investigado se produjo desde el mismo momento en el que se conocieron los hechos y le pidió que la Secretaría Ejecutiva que publique el currículo de todos los funcionarios de la JEP, sin excepción.
