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Gobierno establece beneficios para grupos armados que se sometan a la justicia
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Los integrantes de grupos ilegales que dejen las armas recibirán un apoyo económico para acceder a una actividad productiva. FOTO Julio César Herrera
08 de julio de 2020
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El Gobierno nacional dio a conocer este miércoles el Decreto 965 del 7 de julio de 2020, con el que se establecen beneficios jurídicos y económicos adicionales para los grupos armados organizados, o sus integrantes, que se sometan ante la justicia.
Tal como lo anticipó EL COLOMBIANO el pasado 16 de mayo, la medida cobija a las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros, o individualmente a sus integrantes, que manifiesten “la voluntad de abandonar definitivamente la criminalidad e ilegalidad, colaborar con la justicia y ayudar a la desvinculación de menores de edad que se encuentren en el grupo.
La normatividad, firmada el pasado martes por el presidente de la República, Iván Duque, establece una ruta en la que la persona que decide dejar las armas, desde el momento de manifestar su voluntad recibe ayuda inmediata, como alojamiento, alimentación, vestuario, atención en salud, transporte, apoyo psicosocial y beneficios económicos para empezar un nuevo proyecto de vida.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, acotó al respecto que “esta es una nueva oportunidad para que los miembros de los grupos armados organizados que quieren hacer un tránsito a la legalidad, puedan tener una ruta para ello” y añadió que “Colombia no puede tener la pandemia del virus y la pandemia de la violencia. Lo importante es que no haya más violencia, secuestros, reclutamiento de menores e instalación de minas antipersonal”.
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El Decreto define la ruta de sometimiento en dos fases: la presentación del integrante del grupo armado ante las autoridades y el proceso de atención diferencial.
La primera fase, a cargo del Ministerio de Defensa, consiste en “la presentación voluntaria con fines de sometimiento a la legalidad ante cualquier autoridad militar, de policía, administrativa y judicial”, la recepción por parte del Ministerio y “la certificación a cargo del Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad”.
Una vez el comité ha certificado la pertenencia de la persona a un grupo armado, inicia la segunda fase, que consiste en el proceso de atención diferencial que será establecido por la Agencia para la Reincorporación y Normalización, siempre y cuando la persona se encuentre en libertad.
El proceso incluye un apoyo económico mensual de hasta $480.000 y un estímulo al sometimiento de hasta $8 millones por una única vez, que se entregará con el fin de facilitar el acceso a una fuente de generación de ingresos o una actividad productiva.
Conozca el documento completo:
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