Leonor Bonilla quiere a su hijo devuelta, en su casa, vivo o muerto. Quiere tocarlo, y sacarse ese dolor reprimido por 18 años desde que las Farc decidieron llevárselo a la selva, de la que nunca más salió. Por eso para ella el punto de víctimas, firmado hace un mes entre el Gobierno y las Farc, se reduce a una sola premisa: saber la verdad de lo que sucedió con él.
Leonor no entiende de acuerdos ni procesos de paz, pero aún llora cuando se le menciona a Luis Hernando Peña Bonilla; cuando ve en la televisión a los que salieron con vida del secuestro. Pide a las Farc, una y otra vez, le entreguen a su hijo, el intendente de la policía que se enfrentó a esta guerrilla en Mitú en 1998 hasta que se le acabó la munición y que después soportó en silencio los años de cautiverio, a la espera de su libertad, un “silencio que lo volvió loco y terminó llevándolo a su fusilamiento”, como dijeron, una vez libres, sus compañeros de encierro.
“Lo único que pido es que las Farc me digan dónde está. Que me quiten esta angustia insoportable y me devuelvan a mi hijo, que me digan si está vivo o qué pasó con él”, insiste Leonor un mes después de la firma del acuerdo en la mesa de negociación que obligará a las Farc —y a otros actores armados—, a contar la verdad sobre lo que hicieron con las víctimas.
El reclamo de verdad
El 15 de diciembre del año pasado y tras nueve meses de discusión, el Gobierno Nacional y las Farc anunciaron desde Cuba que habían llegado a un acuerdo en el punto de víctimas. El discurso, unánime en el postulado de que los afectados por el conflicto son el centro del proceso de paz, fue claro: “El punto quinto encierra un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es un mantra que ha sido nuestro punto central en estas negociaciones”, expresó aquella vez Humberto De la Calle.
Durante la firma, el vocero oficial insistió en que el Gobierno pondrá en marcha las medidas necesarias para reparar a las víctimas y a su vez, indicó que las Farc se han comprometido con múltiples acciones reparadoras.
Desde la otra orilla, el jefe negociador de las Farc en Cuba, alias “Iván Márquez”, explicó que el actual proceso de paz era “único en el mundo”, pues lo acordado es como un sistema integral con todas las garantías convertidas en derechos inalienables para las víctimas.
En esencia, el acuerdo del quinto punto de la agenda de negociación encierra lo que todas las víctimas del conflicto armado esperan: saber lo que pasó con sus seres queridos, una reparación por el dolor causado, y justicia para los que perpetraron los delitos.
Pero en palabras de Amalia de Márquez, directora de la Fundación Los que Faltan, una Ong que busca la liberación de secuestrados por las Farc, las palabras de los jefes negociadores son pronunciamientos que se quedan en el aire, y “como el papel lo puede todo”, pide actos concretos.
“Lo único que estamos esperando es que antes de la firma nos entreguen a todos los secuestrados. Queremos saber qué pasó, por eso lo único que pedimos es que aparezcan antes de la firma final, porque después ellos no van a decir nada”, dice Amalia.
A esta líder de las víctimas se le hace muy duro ver en Cuba al responsable del secuestro de su hijo Enrique Márquez, el 11 febrero de 1999.
Ese día, Amalia recibió dos llamadas que le confirmaban sus temores. El frente 51 de las Farc se llevó a su hijo para “cuadrar caja” con la cooperativa en la que trabajaba por unos dineros que, aseguró el jefe guerrillero, les habían consignado en unas cuentas de esa entidad financiera.
“Alias ‘Romaña’ está en Cuba. Es duro no poderles preguntar por el secuestro, pues no dicen nada. Y el Gobierno no habla tampoco de los secuestrados y termina con discursos sobre bases que no son realidad”, expresa.
Verdad o cárcel
El enunciado en el punto de justicia es muy claro, y hasta severo, dicen algunos expertos en la materia: “Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”.
Sin embargo, este tipo de justicia no termina de convencer a las víctimas que no ven avance en lo que a ellas se refiere. Algunas, afirma el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, quieren ver a los perpetradores en una cárcel.
“Esa es la forma de concebir la justicia en miles de los afectados por las hostilidades. Muchos incluso, un mes después de la firma del acuerdo, siguen clamando por la verdad y sienten que el desconocimiento de lo acordado es un paso más para encubrir esa verdad que reclama un gran universo de víctimas”, afirmó Ortega.
Leonor Bonilla y Amalia de Márquez hacen parte de ese universo. Para las dos mujeres la verdad es lo esencial; en algunas víctimas para sanar el dolor de tantos años de conflicto, en otras para hallar la justicia que piden y no hallan en la mesa de negociación.
