Sigue en su punto más alto la controversia política en Colombia desatada por la bomba noticiosa lanzada por el New York Times relacionada con investigaciones preliminares en cortes federales de Estados Unidos sobre posibles nexos entre el presidente Gustavo Petro y el narcotráfico.
La indagación contaría con apoyo de agencias como la DEA. Según algunas versiones, la estrategia de “paz total” podría haber servido como canal de contacto con actores del narcotráfico, incluyendo redes internacionales.
Y aunque dichas indagaciones aún no derivan en acusaciones formales, el señalamiento ha encendido las alarmas tanto en Colombia como en el exterior.
Cabe mencionar que muchos de los casos en el sistema judicial de Estados Unidos se construyen con base en los testimonios de convictos, quienes aspiran a una rebaja de la sentencia por medio de la implementación de la llamada Regla 35, alegando cooperación con la justicia. Y ante la indagación preliminar en las cortes federales, surge la pregunta de quién podría ser llamado a declarar en contra del jefe de Estado colombiano.
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En poder de los estadounidenses están cuatro presuntos integrantes del Cartel de los Soles, la mafia oficialista venezolana con la que que –según la hipótesis no probada del Departamento del Tesoro– Petro habría tenido conexiones. De esta hacen parte el exdictador Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores; el general (r) Hugo Armando Carvajal Barrios; y el general (r) Clíver Antonio Alcalá Cordones; todos ellos presos en Estados Unidos.
Pero también hay extraditados colombianos que podrían ser llamados a testificar contra Petro, como Andrés Felipe Marín (“Pipe Tuluá”), jefe de la banda “la Inmaculada”, extraditado el mismo día de la cumbre con Trump en Washington, y presentado por Petro como un trofeo de la lucha contra el narcotráfico.
Otros posibles testigos podrían ser Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”), un socio del Clan del Golfo, con injerencia en Antioquia y Cartagena; y Jesús Berdugo Chávez (“Tánatos”),aliado del cartel de Sinaloa, con redes de exportación de cocaína en Nariño y Guayaquil (Ecuador). Al parecer ambos habrían pagado casi $500 millones para que no los extraditarany los incluyeran en el proceso de “paz total”, otorgándoles el estatus de gestores de paz; sin embargo, a “Falcon” lo extraditaron en 2022 y lo condenaron a 14 años de prisión, y a “Tánatos” se lo llevaron en 2023.
Alias Calarcá, ¿el eslabón perdido?
Pero al parecer habría otro enlace entre Petro y las mafias que estaría pasando de agache. Para el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, el foco es claro: “Esto tiene nombre propio: alias Calarcá”, señaló.
Rendón aprovechó la coyuntura de la noticia del New York Times para denunciar la presunta connivencia del Gobierno frente a las disidencias de las Farc manejadas por Calarcá. Según el mandatario regional, la gravedad del asunto radica no solo en la existencia del grupo armado, sino en las decisiones institucionales que habrían favorecido su accionar.
También Rendón volvió a referirse a la captura de alias Calarcá por parte del Ejército en vías de Antioquia y su extraña liberación pocas horas después, junto con otros integrantes de su organización a través de una orden directa de la Fiscalía, este hecho simboliza un debilitamiento del Estado frente a estructuras ilegales.
“El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal”, aseguró.
Rendón volvió a denunciar que incluso se habría entregado información de inteligencia a Calarcá que terminó favoreciendo a los capturados.
El señalamiento más contundente del gobernador apunta directamente al presidente Petro, a quien acusa de actuar “como defensor de oficio” de alias Calarcá dadas las concesiones excesivas a grupos armados ilegales como las Disidencias que ha traído la “paz total”.
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“Fiscal Camargo: ¿dónde están los resultados de los hallazgos en los celulares de Calarcá, de su compañera sentimental, de alias Firu y de Ramiro, incautados durante el operativo a la caravana de la UNP en Antioquia? Ante el silencio que hoy impera en Colombia, resulta legítimo que autoridades internacionales, como las de Estados Unidos, pongan la lupa sobre estos hechos”, escribió Rendón en X.
Ante lo grave de lo revelado por The New York Times, el presidente Petro ha rechazado categóricamente todas las acusaciones. Ha insistido en que nunca ha tenido contacto con narcotraficantes y que, por el contrario, dedicó años de su vida a denunciar sus vínculos con sectores políticos tradicionales. Además, ha reiterado que en su campaña no se aceptaron recursos ilícitos bajo ninguna circunstancia.
Desde la Casa de Nariño también se ha defendido la legitimidad del Gobierno, señalando que no existe ninguna investigación formal en su contra dentro de Colombia. En la misma línea, la embajada colombiana en Washington calificó las insinuaciones como carentes de fundamento legal.
Aún así, el trasfondo de las pesquisas es especialmente sensible para Antioquia, una región que ha sufrido de manera directa el accionar de grupos armados ilegales como las Disidencias. Homicidios, extorsiones, narcotráfico, reclutamiento forzado y la instalación de minas antipersona hacen parte del panorama que describe Rendón.
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En ese contexto, Rendón sostiene que existe una desconexión entre la gravedad de la situación en el territorio –aupada por las disidencias– y la respuesta del Gobierno nacional. “Para atacar a Antioquia están siempre listos; pero, para perseguir a los verdugos de nuestro pueblo, miran con complicidad hacia otro lado.”, afirmó.
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