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Política de seguridad del Gobierno relegó los combates y la erradicación
Define la ‘paz total’ como un instrumento para cuidar la vida. Ofensiva contra ilegales se reduce.
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Velásquez defendió que la paz total será el pilar de la política de seguridad porque reduciría el accionar de los grupos ilegales. FOTO CORTESÍA
26 de abril de 2023
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A tan solo 24 horas del debate de moción de censura que tendrá que enfrentar este miércoles en el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo una rápida jugada y presentó la política de ‘seguridad humana’ que regirá en los próximos 4 años durante el gobierno de Gustavo Petro.
Con esta hoja de ruta en materia de seguridad, Velásquez aseguró que el Gobierno busca garantizar la protección de todas las formas de vida en el país teniendo como foco la atención humanitaria de poblaciones rurales vulnerables a la violencia de los grupos armados ilegales, así como el cuidado del medioambiente.
“El propósito fundamental es la protección de la vida. Por eso se apoya en el concepto de seguridad humana que, como quedó consignado en la Ley 2272 de 2022, fue concebido para proteger a las personas, la naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas”, explicó el Ministro de Defensa.
Más allá de ese objetivo teórico, lo cierto es que en lo pragmático esta política de seguridad incluye entre líneas una serie de ambiciosas metas, ya que plantea giros drásticos en asuntos claves para la seguridad nacional, como la lucha contra las drogas y las acciones ofensivas contra los grupos criminales, cuya principal financiación proviene precisamente de las rentas criminales provenientes de actividades como el narcotráfico.
Este diario recopiló las cuatro principales banderas que el Gobierno definió en esta política de seguridad, que se destapó en medio de los tropiezos que han tenido los acercamientos de paz del Gobierno y al tiempo que organismos internacionales como la ONU alertaron que la producción de cocaína se disparó en el país, alcanzando las 1.400 toneladas al año.
Relega combates y persecución a grupos ilegales
El principal pilar de esta política se enfoca en brindarle atención humanitaria a las comunidades de centros poblados rurales que se encuentran al margen de los que denomina como ‘multicrimen’, lo que deja en un segundo plano las acciones ofensiva en contra de esas organizaciones ilegales.
En ese contexto, se definió la política de ‘paz total’ como un “instrumento constitucional” para la “protección de la vida y la reducción de las afectaciones humanitarias”, y se destacó que se fortalecerán dependencias como la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, con la que se buscará priorizar la protección de comunidades por encima de la confrontación con criminales.
Esta no será una tarea fácil ya que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, 39.000 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento del conflicto en 2022 y, además, este año se han reportado 22 casos de suicidios de miembros de comunidades indígenas en Chocó por estar confinados por la violencia.
Confirma que la erradicación de cultivos va a seguir frenada
Esta hoja de ruta reitera la intención de Petro de reconfigurar la lucha contra las drogas. En este punto se reiteró que se mantendrá rezagada la erradicación de cultivos de coca, que suman 204.000 hectáreas según la ONU, y se mantendrá la prelación en golpes a otros eslabones de la cadena.
Al respecto, Velásquez defendió que en los últimos 20 años se han erradicado 2 millones de hectáreas de cultivos ilícitos con glifosato y un millón de hectáreas de forma manual y, según él, “no se ha logrado una contención efectiva al narcotráfico”, por lo que las Fuerzas Militares seguirán enfocadas en la interdicción.
Pese a este cambio de ‘chip’, las cifras no han tenido mayores cambios, ya que la cantidad de cocaína incautada en los dos primeros meses del año bajó un 39 % entre enero y febrero en comparación con el mismo periodo de 2022.
Nicolás Maduro pasa de enemigo a aliado clave
Otro asunto que se señaló como prioritario es el de la cooperación internacional, que será reconfigurada con el objetivo de garantizar el control territorial por parte del Estado. Esto implicará, según el documento, coordinación de operaciones conjuntas con países vecinos como Venezuela, que Petro ha asegurado que es un aliado clave en asuntos como la lucha contra las drogas.
A tal punto ha llegado esa colaboración que se reconoció que se está compartiendo información de inteligencia con el régimen de Nicolás Maduro y que hay un trabajo coordinado entre los altos mandos militares de las dos naciones.
Esta colaboración con Venezuela en materia de lucha contra las drogas y seguridad resulta contradictoria, ya que en 2020 el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acusó a Maduro de narcotráfico y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, pedido que se mantiene activo.
Promete bienestar a las tropas y pide más plata
El documento también plantea que las tropas de las Fuerzas Militares y de Policía tendrán más bienestar y posibilidades de ascender por medio de la revisión de los procesos de evaluación para ascensos y cambios de categoría, así como el mejoramiento del armamento militar.
Además, se señaló que se pondrá el foco en la profesionalización de las fuerzas y, a su vez, eliminar progresivamente el servicio militar obligatorio, lo que puede convertirse en un arma de doble filo porque más del 35 % de las tropas del Ejército son jóvenes que prestan servicio y en 2023 se espera que 60.000 más se sumen a las filas de la institución.
Además, las cuentas para financiar los cambios que prevé esta política de seguridad no le dan al ministro Velásquez, pues reconoció que le pedirá al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal de al menos $1,2 billones para poder cumplir los planes del Gobierno.
Esta solicitud de recursos es contradictoria, ya que Velásquez le hizo un significativo recorte presupuestal al Ministerio de Defensa a finales de 2022 cuando le solicitó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que recortara en $800.000 millones el presupuesto para el funcionamiento de las Fuerzas Militares.
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