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Alertan por falta de regulación de propaganda electoral en redes sociales

De cada $1.000 que gastaron los candidatos en los pasados comicios legislativos, al menos $500 se destinaron para publicidad en plataformas sociales. En las presidenciales representaron casi $250 en primera vuelta y $400 en segunda.

  • El organismo alertó por las dificultades para realizar un adecuado monitoreo y control sobre los gastos en redes sociales. FOTO: SHUTTERSTOCK
    El organismo alertó por las dificultades para realizar un adecuado monitoreo y control sobre los gastos en redes sociales. FOTO: SHUTTERSTOCK
23 de mayo de 2023
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Justo cuando restan poco más de cinco meses para las elecciones regionales de octubre próximo, este lunes la organización Transparencia por Colombia –especializada en lucha contra la corrupción y debilitamiento de la democracia–, instó a que haya una “regulación clara” sobre propaganda electoral en redes sociales.

Según el organismo, solo en las pasadas elecciones legislativas la publicidad electoral representó el 45 % del gasto de las campañas, lo que corresponde a más de $123.000 millones. En materia presidencial, solo en primera vuelta hubo un gasto de $46.000 millones, sumado a otros $10.000 en segunda vuelta. Llama la atención, de acuerdo con Transparencia por Colombia, el auge de esos rubros en redes sociales.

“Para las elecciones legislativas representaron un 19% del total de gastos de Senado y 31,3% para Cámara, mientras que para las elecciones presidenciales representaron un 24,7% en primera vuelta y un 40% en segunda vuelta. Sin una regulación clara sobre la propaganda electoral en redes sociales, se hace difícil realizar un monitoreo y control sobre este tipo de gastos”, reclamó el organismo.

En materia de financiación, Transparencia por Colombia alertó que el creciente número de partidos con personería jurídica (al menos 34) y los grupos dedicados a recoger firmas (1.287 hasta el 19 de mayo, 182 % más frente a 2019), podría derivar en una cantada implosión de candidaturas, lo que dificultaría la lupa y los controles a cómo perciben y manejan recursos.

Justamente, el organismo alertó también –tras evaluar los resultados de las elecciones de 2022– la persistencia de la “alta dependencia” de recursos privados para la financiación de las campañas políticas, que contrasta con el prácticamente “nulo” financiamiento público durante el desarrollo de las campañas.

“Si bien Colombia contempla un financiamiento mixto de campañas, durante el desarrollo de las mismas se han encontrado barreras para acceder a los anticipos estatales, como los requisitos de adquisición de las pólizas por parte de las organizaciones políticas y la apertura de la cuenta bancaria única de campaña”, precisó.

Por todo esto, recomendó que las autoridades electorales revisen las barreras que impiden el acceso a financiamiento público “para incrementar la entrega de recursos estatales por medio de los anticipos de campañas, con el fin de mitigar los riesgos de financiación por fuentes no permitidas”.

En esa línea, instó al sector privado a que amplíe el acceso al financiamiento para mujeres, jóvenes y nuevos liderazgos, lo cual fomenta la participación política en condiciones de equidad.

Por último, Transparencia por Colombia reclamó que hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas, pese a que es obligatorio el reporte de las operaciones contables “una semana después de realizados, con el fin de promover una rendición de cuentas en tiempo real y facilitar el seguimiento oportuno a estos recursos”.

Por ello, instó a los eventuales candidatos a ser conscientes de su deber de rendir cuentas sobre los ingresos y gastos de sus campañas, incluso si no resultan elegidas. “La calidad y la oportunidad de la información que reporten a través del aplicativo Cuentas Claras determinan en buena medida la transparencia de su financiamiento”, concluyó.

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