Como a todo el mundo, la pandemia de la covid-19 tomó por sorpresa al Congreso de Colombia.
Por eso, la primera parte del periodo legislativo que comenzó a mediados de marzo (justo cuando el país estaba entrando en cuarentena por la emergencia), debieron invertirla los congresistas en definir si iban a sesionar de manera presencial, virtual o semipresencial y cómo hacer para que las votaciones virtuales tuvieran legitimidad.
Casi hasta mayo, seguía aún la polémica entre los parlamentarios sobre cómo debían sesionar, pues algunos sostenían que las sesiones virtuales no eran suficientes para ejercer la labor de contrapeso que debe cumplir el órgano legislativo.
La presencia de casos de coronavirus en el Capitolio sirvió, sin embargo, de argumento a quienes creían que las sesiones debían continuar siendo virtuales, como finalmente ocurrió hasta concluir la legislatura, aunque se mantuvo la presencia de algunos funcionarios en la sede del legislativo.
Esta situación anómala hizo que el balance del legislativo no haya sido muy abundante en normas aprobadas, aunque vieron la luz proyectos que habían tenido un camino tortuoso por el legislativo y otros que tienen un importante contenido social.
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Entre las iniciativas aprobadas por el legislativo, la más destacada fue la aprobación de la cadena perpetua para violadores de niños, un proyecto que dio vueltas entre el Congreso y las convocatorias a referendo por más de 10 años sin ser aprobado.
Sin embargo, desde ya se vaticina que será demandado y tendrá que llegar a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre si se ajusta o no a la Constitución.
Otro proyecto destacado fue la aprobación del proyecto de ley de pliegos tipo, que hacía parte de la aplazada agenda anticorrupción y que era un compromiso que el presidente Duque había asumido, luego de la consulta popular anticorrupción.
“Esa es una buena noticia que le entregamos hoy al país y que será de obligatorio cumplimiento para la contratación estatal”, manifestó la ministra del Interior, Alicia Arango.
En las sesiones legislativas, también terminaron aprobadas varias normas de contenido social, muy necesarias en esta época de coronavirus.
En primer lugar, la que dispone un manejo especial al transporte escolar especial en zonas alejadas, de autoría de la representante Juanita Goebertus, que le facilita a los municipios la contratación de servicio de transporte escolar, en lugares de difícil acceso, lo que puede contribuir a que muchos niños que tienen problemas para ir a estudiar, especialmente en zonas rurales, puedan hacerlo.
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También se aprobaron la ley que incentiva la contratación de adultos mayores que no cuentan con una pensión, con beneficios tributarios para las empresas que les den empleo; la ley de borrón y cuenta nueva, que le da una especie de amnistía a quienes están en mora por no han podido pagar sus créditos, en especial en esta época de pandemia, y la ley de pago a plazo justo, que reduce los tiempos en los que las grandes empresas deben pagarle a sus proveedores, lo que les permita tener un mejor flujo de caja a los pequeños y medianos empresarios.
Faltó más control político
Aunque, según la ministra del Interior, “nunca antes se habían tenido tantas citaciones de control político en un período de tiempo”, la labor del Congreso como contrapeso político del presidente sí se vio afectada por las circunstancias extraordinarias de la pandemia.
Mientras que el presidente alcanzó en este semestre a declarar dos veces el estado de emergencia por los efectos económicos de la pandemia, lo que le permitió dictar más de un centenar de decretos con fuerza de ley, para atender la crisis del coronavirus, solo en una de las últimas sesiones de la legislatura vino el Congreso a pronunciarse sobre la conveniencia de la declaratoria, que se había hecho en marzo.
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Además, lo hizo en una única sesión, que, por coincidir con la votación de varios proyectos que debían ser estudiados antes de que concluyera el periodo legislativo, no tuvo mucho tiempo de debate. Algunos congresistas protestaron por lo que consideraron fue una limitación de las atribuciones constitucionales del Congreso.
“El Congreso termina su legislatura haciendo un remedo de control politico ‘analizando’ en una tarde los 164 decretos de emergencia. Un sólo dia de revision después de 4 meses perdidos. Danza de billones sin cuentas claras mientras senadores ciegos aplauden y Colombia sufre”, escribió en su cuenta de Twitter el senador Roy Barreras.
El Congreso entra a partir de este domingo en un mes de receso. El próximo 20 de julio retomará sus sesiones con una polémica ya prevista sobre si Arturo Char, investigado por las denuncias de Aida Merlano, será o no presidente del Senado.
De cómo sea el avance del coronavirus en el país dependerá si esa legislatura también tendrá que cumplirse o no a través de Internet.
