La Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la sanción de destitución e inhabilidad por quince años para ejercer cargos públicos que le dictó la Procuraduría General al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
La Sala Plena avaló la ponencia del magistrado Cesar Palomino Cortés, que pide anular la sanción impuesta por las irregularidades en el cambio del esquema de recolección de basuras.
De acuerdo con la ponencia, la Procuraduría no logró comprobar la existencia de dolo en las decisiones que tomó el entonces alcalde sobre el servicio público de aseo.
La decisión se da luego de más de tres años de proceso al interior del Consejo de Estado y pocos días después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendara al Estado colombiano revocar esa sanción.
En las recomendaciones de fondo, la CIDH señaló que se debía dejar sin efectos dicha sanción de forma tal que Petro “pueda ejercer libremente sus derechos políticos, incluyendo su derecho al sufragio pasivo”.
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Además, pidió reparar integralmente a Petro y adecuar la legislación interna sobre la potestad que tiene la Procuraduría actualmente de inhabilitar y destituir a personas que hayan sido elegidas popularmente.
“El Estado deberá abstenerse de aplicar el tipo penal previsto en el artículo 5 de la Ley 1834 de 2017, tomando en cuenta las determinaciones sobre la inconvencionalidad de la destitución disciplinaria o fiscal, sin condena penal en firme”, señalaba el documento del organismo internacional.
