Los expresidentes del Consejo de Estado reprocharon los hechos de corrupción que enlodan el nombre de la Rama Judicial.
En un comunicado expresaron que “registramos con preocupación los hechos reprochables de corrupción en que habrían incurrido algunos de los encargados de cumplir la misión de impartir Justicia y que han mancillado la imagen de una Rama del Poder Público llamada a servir de guía a la sociedad en el cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes de la República, sobre las cuales descansan la Democracia colombiana y sus valores supremos”.
Por eso hicieron un llamado a las autoridades competentes para que de “manera pronta, imparcial e independiente, con estricto apego al ordenamiento vigente, adopten las decisiones que permitan individualizar y sancionar a quienes sean hallados responsables de tales conductas”.
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En la comunicación los exconsejeros Alfonso Vargas Rincón, Manuel Urueta Ayola, Ricardo Hoyos Duque, Mauricio Fajardo Gómez, María Claudia Rojas Lasso, Carlos Betancur Jaramillo, Jesús María Carrillo Ballesteros, Dolly Pedraza de Arenas, Amado Gutiérrez Velásquez, Rafael Ostau de Lafont Pianeta, Enrique Gil Botero (actual ministro de Justicia), Guillermo Chahin Lizcano, César Hoyos Salazar, Germán Rodríguez Villamizar, Luis Rafael Vergara Quintero, Gustavo Eduardo Aponte Santos, reafirmaron su credibilidad en las instituciones que integran la Rama Judicial del Poder Público y formularon votos porque los miles de magistrados, jueces, funcionarios y empleados que integran las diversas jurisdicciones, y en especial la de lo Contencioso Administrativo, quienes naturalmente entienden la gravedad de esta difícil coyuntura histórica, “le envíen una luz de esperanza al país mediante la continuidad de su trabajo serio, responsable, abnegado y honesto, que a diario se encamina a asegurar la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, en procura de una convivencia civilizada y pacífica en nuestra sociedad”.
Al tiempo, los expresidentes del Consejo de Estado, invitaron a que se adelante una reflexión serena, pausada y orientada solo por intereses superiores que permita examinar, analizar y debatir a profundidad las reformas estructurales que deban introducirse al ordenamiento vigente, “con la finalidad de asegurar la existencia de un poder judicial autónomo y digno que brinde confianza a los asociados y que garantice el futuro de nuestro Estado Social y de Derecho”.
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