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¿Cuál es el futuro político de las Farc?
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FOTO COLPRENSA
05 de noviembre de 2017
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La antigua guerrilla de las Farc ingresó esta semana a la arena política. El Consejo Nacional Electoral les entregó la personería jurídica y la colectividad, casi que inmediatamente, lanzó a sus candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República.
En el lanzamiento no hubo sorpresas: quien fue el jefe máximo de esa organización, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, será el candidato a la Presidencia; mientras que Imelda Daza, desde la UP será quien lleve las banderas a la Vicepresidencia.
Por otro lado, los primeros renglones de la lista al Senado de la República estarán integrados por quienes hicieron parte de la mesa de La Habana: Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino. Además participará Sandra Ramírez, viuda de Manuel Marulanda, y Benkos Biojó por las negritudes.
Para la Cámara, la guerrilla reveló que le apuestan a la capital del país y a territorios donde llegaron a hacer presencia: en Bogotá, Byron Yepes; Antioquia, Olmedio Ruiz; Valle del Cauca, Marco León Calarcá; Atlántico, Jesús Santrich; y Santander, Jairo Quintero.
Por cuenta de los acuerdos de paz, el partido de las Farc ya cuenta con cinco curules en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado, lo que implica que los nombres anunciados serán quienes los representen en el juego democrático en el 2018. Sin embargo, pese a que la guerrilla ha dicho que quiere sacar una votación alta para tener una mayor representación en el Congreso, este escenario no se ve viable en el futuro cercano.
Camilo Vargas, analista de la Misión de Observación Electoral, sostiene que en el Senado los partidos minoritarios como Alianza Verde, Opción Ciudadana y el Polo necesitaron en la anterior elección cerca de 600 mil votos, por lo que la guerrilla debe aspirar a una cifra similar. Sin embargo, advierte que los departamentos donde tienen alto arraigo, como Caquetá, Putumayo y Guaviare, no cuentan con una alta presencia en el Congreso.
De hecho, en las elecciones de 2014, Caquetá solo obtuvo dos representantes, uno del Partido Conservador y otro del Partido Liberal; Amazonas, otros dos de los partidos Liberal y Opción ciudadana; Guaviare, Partido Liberal y Partido de la U; Putumayo, dos representantes de los partidos Conservador y Liberal; y Vichada, dos representantes del Partido Liberal y el Partido de La U.
El analista Agrega que la guerrilla puede tener una sorpresa en materia de resultados electorales, pues desde la MOE han visto que los sectores de izquierda tienden a atomizarse. “Marcha Patriótica se veía como un conglomerado que podía agrupar a muchas fuerzas de izquierda y lo que se vio es que tanto la marcha como los partidos de izquierda presentaban una gran dispersión de candidaturas que no eran capaces de unirse. Regiones donde uno hubiera pensado que ellos pudieran colocar candidatos terminaban dispersas con candidatos de todos los partidos de la izquierda. Obviamente, el concepto es distinto con las Farc, pero el antecedente es que la izquierda tiende a atomizarse y no a unirse”.
Vargas advierte que estos territorios no son nuevos para la democracia, pues allí ya existen familias políticas consolidadas, pero agrega que “las posibilidades de éxito del partido de las Farc son inciertas, pues las zonas donde esperan que los ciudadanos se acerquen a votar son zonas rurales y allí hay varios problemas”.
“Primero, son poblaciones dispersas que no van a generar mayores cambios en la votación; y segundo, son regiones con bajo acceso a puestos de votación y las medidas para aumentar esos puestos no se han tomado y difícilmente se tomarán para el 11 de marzo”.
Este punto lo ratifica Esteban Salazar, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. “Primero, son de categoría 6, es decir que su capacidad fiscal y tributaria es muy débil y no superan los 100 mil habitantes. Lo que no les permite tener un músculo electoral fuerte”.
Y agrega que con las 16 circunscripciones especiales de paz el panorama es más complejo, pues las Farc no podrán participar, y en ese sentido “es muy difícil que los movimientos sociales puedan tener una representación directa de ese partido político. Además, en muchos de los municipios rurales hay unos indicadores altos de abstencionismo, las personas deben caminar 15 o hasta 50 kilómetros para encontrar un puesto de votación”.
El analista agrega que los 286 municipios donde tenía presencia la guerrilla de las Farc son zonas “donde ellos hacían control político de manera armada, pero allí quedó un vacío de poder. En el Chocó o el Urabá la gente tenía una regulación por parte del brazo armado y ahora esos espacios son ocupados por las Bandas Criminales o por el Eln. Ellos tenían una participación activa, pero tal vez con la presión de otros actores armados no van a obtener una votación alta”.
Así mismo, Salazar asegura que en este momento las Farc son un movimiento político con poca representación real y que una alianza puede desfavorecer a otros sectores políticos. “Por ejemplo, ellos estarían cerca al sector representado por Gustavo Petro, pero una alianza de ese tipo le quitaría más votos de los que le daría al exalcalde de Bogotá”.
El analista resalta las dificultades de construir un proyecto político como minoría y asegura que partidos como el Polo Democrático y la Alianza Verde llevan un recorrido importante de más de 10 años en donde han logrado construir unas bases que les permitieron en el Congreso pasado obtener cinco curules.
Vargas recuerda que incluso un partido político como Mira se quemó en las anteriores elecciones pese a tener una base social fuerte conformada por iglesias cristianas. “Es que, para colocarlos como ejemplo, con el trabajo de años que ellos llevaban solo fueron capaces de lograr más de 324 mil votos”.
Así las cosas, por ahora la representación política de las Farc se limitaría a las curules logradas en los diálogos de La Habana. “Este incentivo, producto del acuerdo de paz, es un incentivo perverso, pues ellos se van a limitar a esa garantía pero qué va a pasar en el 2026 cuando se acabe la JEP y cuando el partido no tenga reconocimiento sin umbral y sea minoría en el Congreso. Esa es la pregunta real. Ellos buscarán un impacto en las elecciones locales y ahí van a ver si cumplieron con su objetivo político en las zonas del país que controlaban”, asegura Salazar.
La implementación en el congreso
Pese a la fuerza que puedan tener o no las Farc en las regiones, el problema de la implementación de los acuerdos también debería preocuparlos, pues el Congreso todavía no ha aprobado ni la Reforma Política ni la Justicia Especial para la Paz. El gran problema es que de no ser aprobadas esas iniciativas su participación quedaría sin piso jurídico.
Los analistas coinciden en que hay total incertidumbre con respecto a la aprobación de las leyes en el Congreso antes de que venza el periodo del mecanismo conocido como Fast Track.
Para Esteban Salazar, investigador de la fundación Paz y Reconciliación, de no ser aprobada la participación política quienes resulten titulares de esas curules “deberían pasar por un tránsito donde tengan voz y no voto. Entrarían a participar los que no hayan sido parte directamente de la guerrilla, pero sería un gobierno en cuerpo ajeno que no refleja el espíritu del acuerdo de paz”.
En efecto, Camilo Mancera, asesor Jurídico de la MOE, sostiene que en cuanto a la reforma política, de no aprobarse las coaliciones, esa sería una razón más para que la izquierda termine atomizada. “Pero ese punto es incierto, porque depende del trámite de la reforma política y las negociaciones políticas que se harán al interior de estos sectores”.
Otro problema que emergió en la tarde de este viernes fue que la Registraduría Nacional del Estado Civil alertó sobre las dificultades que tendrían los jefes de las Farc para inscribirse, pues el próximo 11 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos al Congreso de la República y cada uno necesitaría la obtención del certificado de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, los exguerrilleros tienen menciones de carencia de inhabilidades y suspensión de derechos políticos por parte de la Procuraduría.
Al paso salió el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien aseguró que “el espíritu del acuerdo es que quienes integraron esa organización armada puedan hacer política para defender esas ideas que dijeron defender en armas. Por esa razón el artículo 20 transitorio de la acto legislativo 1 de 2017 señala que se suspenden las condenas y las sanciones que emitirá la JEP no podrá afectar derechos políticos”.
Y agregó que “el Gobierno había sostenido la tesis que habiendo suspendido las condenas penales se suspendían los efectos de las mismas, entre ellas las inhabilidades disciplinarias. Hoy escuchamos los argumentos del señor Procurador General y estamos evaluando soluciones para resolver esa dificultad”.
Pese a que los integrantes de la antigua guerrilla dan como un hecho la participación en política, la incertidumbre está en el ambiente, pues aún faltan fallos de la Corte Constitucional sobre los actos legislativos expedidos por el Congreso, además no se sabe si las disposiciones radicadas en el Legislativo llegarán a buen puerto antes de que termine el Fast Track. No obstante, en medio de este ambiente, los partidos políticos ya están pensando en derrotar a las Farc en las elecciones, como lo dijo el presidente del Partido de La U, Aurelio Iragorri. Lo que definitivamente es claro es que aún con derechos políticos la guerrilla no tiene nada fácil su participación en el escenario electoral.
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