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La Corte Constitucional tiene en sus manos un proceso crucial por resolver y que tendrá una audiencia pública durante esta semana. Se trata de la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes.
El miércoles 30 de marzo se realizará la audiencia en donde se conocerán las diferentes posiciones sobre la demanda que presentó el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.
A diferencia de la anterior demanda, en donde la Corte se declaró inhibida, la de Montealegre, que se acumuló con la del ciudadano Santiago Pérez Pinto, ataca dos puntos esenciales: el nuevo modelo de Gobierno y Administración del Poder Judicial (la creación del Consejo de Gobierno Judicial) y su impacto en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Mientras que por otro lado, se debatirá el sistema de investigación y juzgamiento de los altos funcionarios de la Rama Judicial, la creación del Tribunal de Aforados y eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Así lo consideró la Corte que dividió la audiencia pública en dos páneles a fin de organizar la exposición.
En este caso, el fiscal Montealegre asegura que el Congreso no respetó el principio de unidad de materia porque reformó la justicia en un Acto Legislativo que “no guarda conexidad ni unidad de materia con la reforma al sistema de Equilibrio de Poderes”.
Además, estima que algunas disposiciones no tuvieron los ocho debates que requiere una reforma constitucional, esto es, la creación de la Comisión de Aforados y la prórroga de los magistrados que actualmente están en la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
La demanda asegura además que el Congreso desbordó sus competencias al modificar cómo son juzgados los altos funcionarios del Estado y busca que se ‘caiga’ el Tribunal de Aforados por no tener un mecanismo previo y eliminar el juicio político que actualmente hace la Comisión, como por ejemplo, lo que está sucediendo en el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.
Lo crucial de este argumento de Montealegre es que, de ser acogido por la Corte, tendría que seguir funcionando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, altamente cuestionada por su falta de operatividad y resultado y en la cual cursan sendos procesos contra varios funcionarios como el mismo fiscal Montealegre.
En este caso, al interior de la Corte, se ha indicado que esta es la demanda que más ‘carne’ tiene de las que se han presentado en contra de la reforma. Ya la Corte no se pronunció sobre otra demanda que atacaba la eliminación de la Judicatura y ahora también deberá analizar si hay lugar a cuestionarla solo por errores de procedimiento.
A pesar de las fuertes críticas que el procurador Ordóñez lanzó al proceso, en el concepto enviado ante la Corte expuso su ya tradicional posición, en el sentido de que la Corte no tiene competencias para pronunciarse sobre una reforma a la Constitución. No obstante, de manera subsidiaria pidió que se avalen los elementos demandados por el fiscal por estimar que no hubo una sustitución de la Constitución.
Contrario a lo expresado por el fiscal, el procurador asegura que la extensión de los periodos de los magistrados de la Judicatura se planteó para dar transición al órgano que reemplazó a la Sala Disciplinaria, la Comisión de Disciplina Judicial y así evitar traumatismos.