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Los cuestionamientos que han recaído sobre el registrador nacional, Alexánder Vega, por las aparentes irregularidades en las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado, ya no son solo del ámbito político, sino también del jurídico. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aseguró que esa jornada electoral, con Vega al mando, tuvo deficiencias que podrían repetirse en los comicios presidenciales de no tomar correctivos.
Esta instancia jurídica se pronunció para negar la solicitud que interpuso el abogado Germán Calderón España para que se suspendiera provisionalmente a Vega de su cargo por cuenta de las amplias inconsistencias en el preconteo y el escrutinio de las pasadas elecciones de Congreso, y fue firmada por parte del magistrado ponente Luis Manuel Lasso Lozano.
En su decisión, el togado le cerró la puerta a esta solicitud de Calderón España porque, según explicó, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca carece de competencias para suspender al Registrador Nacional en tanto que esa medida es del orden disciplinario, función que es propia de la Procuraduría General de la Nación.
No obstante, en el auto de 44 páginas, Lasso Lozano cuestionó el papel del registrador en los comicios legislativos. “El Registrador Nacional del Estado Civil ha incurrido en amenaza y vulneración del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en la medida en que la función pública electoral se vio afectada por una serie de deficiencias ocurridas en los comicios del 13 de marzo”, señala el documento.
¿Vega está entre las cuerdas?
Al Registrador Vega lo han cuestionado partidos como el Conservador, Alianza Verde, Centro Democrático, y las coaliciones Centro Esperanza y Pacto Histórico, y le puso la lupa la Procuraduría –que lo está investigando–, a lo que se le suman los reproches hechos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Y es que aunque ese tribunal declaró que no tiene competencia para suspender a Vega de su cargo, la observación que le hizo sobre su actuar aparentemente irregular como jefe de la entidad electoral marcó un precedente y dejó además una advertencia por una posible repetición de los inconvenientes que se presentaron el 13 de marzo.
“Si no se introducen los correctivos del caso, es razonable inferir que puedan replicarse en las elecciones del 29 de mayo (primera vuelta) y 19 de junio (segunda vuelta) próximos”, señaló el magistrado Lasso Lozano en el auto.
En esa línea, el Tribunal planteó que la pretensión de la acción popular debe ser abordada por parte de la Procuraduría General, que tiene que determinar si es conveniente suspender a Vega del cargo. Y además resaltó que ese ente de control público abrió el 8 de abril pasado una investigación disciplinaria contra el funcionario.
Así las cosas, aunque Vega salió bien librado de la queja elevada en su contra ante esa instancia jurídica, está siendo investigado por el Ministerio Público, que aseguró que determinará si incurrió en alguna falta disciplinaria “relacionada con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal” y la posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones.
Además, entre las dudas que se han puesto sobre la gestión de Vega se destaca la auditoría internacional que el Consejo Nacional Electoral ordenó que se contratara para revisar a fondo los softwares de escrutinio (ver Para Saber Más) que contrató la Registraduría Nacional para los comicios legislativos.
Registrador hizo reclamos
El ente electoral celebró la decisión tomada por el Tribunal y planteó que sus directrices para evitar irregularidades en las elecciones presidenciales ya están “incluidas en el plan de acción presentado y aprobado por las agrupaciones políticas participantes y en el plan de garantías electorales”.
En esa línea la Registraduría señaló que tiene claro que acatará el llamado a vincular a la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea y la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en los próximos comicios.
Previo a la decisión, Vega se había mostrado inconforme y molesto, pues había planteado que era “inaceptable y desproporcionado” que a través de una acción popular se pidiera su retiro del cargo como medida cautelar.