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Con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de incrementar la recompensa que se ofrece por información que ayude a la ubicación de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel”, principal cabecilla de “los Urabeños”, el monto total de dinero que se ofrece por esa persona asciende a poco más de 18.000 millones de pesos si se suman los cinco millones de dólares que también ofrecen las autoridades estadounidenses.
Además de los 3.000 millones de pesos que ya ofrece el Gobierno colombiano, la apuesta del presiente Santos es una lucha frontal contra “los Urabeños” que incluye otros aspectos diferentes a una recompensa:
1) Fortalecimiento del bloque de búsqueda; 2) Coordinación operacional, se creará un puesto de mando unificado para la coordinación de la Fiscalía, la Policía Judicial, los jueces y las Fuerzas Armadas; 3) Se entregará un informe semanal por parte del presidente Santos sobre las acciones emprendidas; 4) Aumento de acciones en contra del Clan Úsuga; y 5), Se ejecutarán 1.700 acciones durante este año para desmantelar este tipo de organizaciones.
El mandatario insistió en que la única salida que hay disponible para los integrantes de las bandas criminales es el sometimiento a la justicia.
“Reiterarles a los integrantes de estas organizaciones criminales y a sus redes de apoyo: el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia, o enfrentar la contundencia del Estado”, afirmó el presidente.
Para varios analistas, los anuncios del Gobierno están directamente relacionados con los efectos que tuvo el paro armado de “los Urabeños” en el país.
Según Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, lo que se está haciendo “es un saludo a la bandera, que poco efecto podría tener. Acá lo que estamos viendo es una reacción después de lo mal que quedaron las autoridades tras el paro armado de esa banda criminal”.
Para Ávila, lo anunciado por Santos no obedece a una nueva exigencia desde la mesa de diálogos de La Habana, “pues no sería algo nuevo, ya que desde Cuba se están pidiendo y exigiendo resultados contra esos grupos ilegales”.
Una idea similar tiene Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit, quien cree que todo puede obedecer a la presión que hay desde las mesas de diálogo con las Farc y Eln, como también al paro armado, que significó un desafío para el Estado.
“Este tipo de decisiones hacen parte de la evolución de una estrategia que tiene el Gobierno contra este tipo de crimen organizado. Esta vez la operación Agamenón está siendo sujeta a cambios que buscan un mejor resultado”, afirma Giraldo.
El presidente anunció la intención de impulsar un proyecto de ley con el que buscará fortalecer la lucha contra la minería ilegal, una de las principales rentas de las bacrim.
Para Santos, es vital presentar el proyecto ante el Congreso “porque nos faltan dientes jurídicos para poder ser más efectivos y para fortalecer las herramientas de lucha contra este flagelo”.