La violencia que vivió Colombia durante décadas de conflicto armado también se experimentó de forma diferenciada por las mujeres, quienes, incluso siendo combatientes, se vieron obligadas por los grupos armados que integraban a abortar, prostituirse y hasta ser esclavas sexuales.
Fue por eso que ante tan deshumanizante realidad, la Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), propiamente al despacho relator del Macrocaso 04 –que prioriza la región de Urabá–, que escuche, individualmente, a las mujeres excombatientes del bloque 57 de las extintas Farc-EP, “para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea” sobre estos hechos.
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“Esta solicitud se hizo tras analizar declaraciones recibidas por una excombatiente del mencionado frente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc- EP, como lo ha venido denunciando el Ministerio Público”, apuntó el órgano de control en un comunicado, en el que también se enumeró la cohabitación forzada como una de las presiones a las que se vieron sometidas las excombatientes.
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