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La violencia que vivió Colombia durante décadas de conflicto armado también se experimentó de forma diferenciada por las mujeres, quienes, incluso siendo combatientes, se vieron obligadas por los grupos armados que integraban a abortar, prostituirse y hasta ser esclavas sexuales.
Fue por eso que ante tan deshumanizante realidad, la Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), propiamente al despacho relator del Macrocaso 04 –que prioriza la región de Urabá–, que escuche, individualmente, a las mujeres excombatientes del bloque 57 de las extintas Farc-EP, “para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea” sobre estos hechos.
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“Esta solicitud se hizo tras analizar declaraciones recibidas por una excombatiente del mencionado frente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc- EP, como lo ha venido denunciando el Ministerio Público”, apuntó el órgano de control en un comunicado, en el que también se enumeró la cohabitación forzada como una de las presiones a las que se vieron sometidas las excombatientes.
Adicional a esto, la Procuraduría hizo una serie de observaciones al tribunal especial para que sean consideradas con esta estructura al momento de ser juzgada. Entre ellas, destacan que la organización se sirvió del homicidio selectivo y múltiple para ejercer control territorial, en hechos en los que se vieron salpicados funcionarios públicos.
Igualmente, el Ministerio Público señaló que esta estructura tendrá que asumir su responsabilidad por el taponamiento de río Jiguamiandó y otras fuentes hídricas, que se hizo con el fin de impedir el paso de otros actores armados hacia la región, pero terminó causando daños a la comunidad al impedir su comunicación fluvial.
El órgano de control también consideró que el grupo armado ilegal fue responsable de secuestros y de otras violaciones a derechos humanos, como la instalación de minas antipersona y el uso de cilindros bomba y dinamita en ataques y tomas a poblaciones.
Finalmente, la Procuraduría le solicitó a la JEP que traslade las versiones de los comparecientes al despacho relator del Macrocaso 06, puesto que encontró, entre los datos entregados, “elementos de contexto que ayudarían a esclarecer la verdad en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región”.