La Corte Constitucional ya cuenta los insumos necesarios para decidir si declara exequible la reforma de equilibrio de poderes, la cual fue demandada por el exfiscal Eduardo Montealegre. De esta reforma no solo depende la eliminación de la reelección presidencial; también la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En un mes, como máximo, la corporación tomará una decisión.
Durante una audiencia pública que se realizó ayer, en la Corte, el exfiscal Montealegre explicó por qué está en contra de la creación de un “tribunal” de Aforados que reemplazará a la Comisión de Acusación de la Cámara: “ Lo que hizo la reforma fue socavar la garantía de autonomía de la rama judicial El Tribunal puede investigar, acusar, sin el antejuicio de responsabilidad política”.
Actualmente, la Comisión de Acusación de la Cámara es la encargada de asumir las investigaciones contra los magistrados de las cortes Constitucional y Suprema, del Consejo de Estado y al fiscal General. Sin embargo, has ido cuestionada por su ineficiencia. La nueva Comisión de Aforados será conformada por cinco abogados que deben reunir los mismos requisitos de un magistrado de la Corte. La comisión, en casos de responsabilidad penal, puede remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia, y en caso de responsabilidad disciplinaria, será el Congreso el encargado de juzgar.
En la audiencia, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, le respondió al fiscal que la nueva Comisión “permite una investigación mucho más efectiva y eficiente. Además, la figura de antejuicio político no es la única para proteger la independencia. En la reforma quedó expresamente prohibido que se abran investigaciones contra magistrados por razón del contenido del sentido de sus fallos, distinto a los casos en los cuales se evidencie que el magistrado quiso favorecer intereses propios”.
Para Rodrigo Uprimny, conjuez de la Corte Constitucional, “una medida que trate de acercar el juzgamiento de los altos funcionarios al juzgamiento de ciudadanos ordinarios nos acerca al Estado de Derecho, no al contrario. El juzgamiento tendrá una instancia técnica, elegida por el Congreso a partir de listas, ¿por qué esta comisión no será independiente, si tiene un sistema de nombramiento semejante al que tiene la Corte Constitucional?”.
De otro lado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, dijo que la reforma no debe ser aprobada porque remplaza al Consejo Superior de la Judicara por el Consejo de Gobierno Judicial.
Sobre este punto, el ministro de Justicia dijo que con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura “se busca democratizar el gobierno de la rama judicial. Existe la sensación de que el Consejo rompió vínculos con la rama judicial y que necesita mejorar su capacidad técnica”.
De hecho, agregó, “58 mil millones de pesos se devolvieron al Minhacienda desde el Consejo y hay un considerable retraso en creación de salas de audiencias”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth, dijo que la reforma abarca varios temas, desde eliminación de reelección presidencial hasta reforma de partidos políticos, por lo cual no se cumpliría el principio de “unidad de materia”.
Con eso indica que los cambios de la reforma deben referirse a un mismo eje temático: “Hay temas de la reforma que no pasarían el ‘test’ de compatibilidad de unidad de materia. La Corte debe preguntarse qué debe considerar unidad de materia en este caso. Se introduce la reelección presidencial sin mayor argumento y la premisa mayor está alrededor del equilibrio de poderes”.
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