Parece que hasta el final de su mandato, el presidente Gustavo Petro querrá pasar por encima de la independencia de las instituciones que sostienen los poderes públicos, como lo es la Fiscalía. La mesa de paz entre el Gobierno y el Clan del Golfo atraviesa su momento más crítico aunque nunca despegó, realmente.
La controversia estalló por la solicitud del Ejecutivo de suspender 29 órdenes de captura contra cabecillas de esa estructura armada para facilitar su ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para comenzar el próximo 25 de junio. Entre los beneficiados figura alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan con orden de extradición a Estados Unidos.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió ayer con un documento contundente en el que rechazó suspender de manera automática e inmediata las órdenes de captura.
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Su despacho, por resolución, advirtió que hará una verificación individual de cada uno de los solicitados, revisando identidad, situación jurídica y pertenencia real al grupo armado.
“Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, señaló el ente acusador.
Además, condicionó cualquier avance a hechos verificables como la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario (DIH) o al derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, entre otros criterios. El Clan del Golfo no los cumple.
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Camargo también dejó claro que las ZUT no implican una suspensión de las investigaciones penales ni una autorización general de movilidad para los integrantes del grupo. A las alertas de la Fiscalía se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que suspender las capturas podría generar “incentivos perversos”.
Gobierno estalla
Luego de lo comunicado por la Fiscalía, el presidente Petro intervino en X para “advertir” que la conducción de la política de paz corresponde exclusivamente al jefe de Estado. Petro defendió su facultad constitucional para determinar cuándo un proceso entra en fase avanzada, pero al mismo tiempo desautorizó a la Comisión de Paz por haber incluido en la lista a cabecillas con procesos de extradición sin consultarle previamente, lo que evidencia el caos de su mandato.
Petro aclaró que no ha suspendido la extradición de alias “Chiquito Malo” y ordenó rehacer de inmediato el listado de cerca de 400 integrantes que serían trasladados a las ZUT en el sur de Córdoba, excluyendo a cualquier integrante solicitado en extradición. Ese beneficio, según el mandatario, solo podrá evaluarse en “etapas posteriores y condicionado al cumplimiento integral de los acuerdos”.
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Sin embargo, mientras el Presidente publicaba ese pronunciamiento, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, escaló la tensión mediante un comunicado público.
Patiño sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura no depende de una valoración discrecional de la Fiscalía, sino que opera automáticamente por “mandato de la Ley 2272 de 2022 durante el desplazamiento y permanencia de los integrantes en las ZUT”.
“Preocupa que ahora se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, señaló Patiño.
El comisionado también cuestionó el cambio de postura de la fiscal Camargo, recordándole que en enero pasado “había reconocido que la suspensión de capturas operaba de pleno derecho y no por autorización del ente investigador”.
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Según Patiño, corresponde únicamente al Presidente evaluar si un proceso de paz se encuentra en “estado avanzado”, condición que, dijo, ya fue reconocida por el Gobierno mediante la creación oficial de tres ZUT para el Clan del Golfo desde diciembre de 2025.
“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, precisó el funcionario.
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El pulso deja al descubierto una fractura institucional en tres niveles: una Fiscalía que exige garantías concretas y respeto por los compromisos internacionales; un Presidente que respalda el proceso de paz, pero pone límites frente a los extraditables; y un comisionado de paz que reclama la aplicación automática de la ley.
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