La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando la reactivación de las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de un grupo de disidencias guerrilleras en el suroriente del país.
La misiva llega apenas una semana después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestara que estaba de acuerdo con levantar la orden de captura contra el jefe disidente, pero que la última palabra la tiene el presidente Petro.
Las órdenes de captura contra Calarcá se encuentran suspendidas desde principios de 2024, cuando inició un proceso de diálogo dentro de la política de paz total del Gobierno. Pese a ello, autoridades locales han denunciado que el líder guerrillero continúa delinquiendo, punto que destaca la fiscal en su carta.
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La fiscal Camargo fundamenta su petición en las competencias constitucionales de la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas.
El sustento legal principal es la Ley 2272 de 2022, que permite al Gobierno adelantar diálogos de paz y acercamientos con grupos armados, así como la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que define el papel de la Fiscalía en la suspensión y reactivación de órdenes de captura.
El núcleo de la carta es la denuncia de que los beneficios otorgados a ciertos miembros de grupos armados han sido utilizados para continuar la actividad criminal.
La Fiscalía argumenta que se ha desvirtuado la voluntad genuina de paz por parte de los beneficiarios.
Para pedir el levantamiento de la suspensión de la orden de captura, el ente acusador cita en la carta cuatro hitos de violencia extrema cometidos después de recibir beneficios alias Calarcá.
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El primero de ellos es el homicidio de la lideresa Nasa, Carmelina Yule, ocurrido en marzo de 2024 en Toribío (Cauca), apenas dos meses después de que el responsable recibiera el beneficio.
El segundo es una masacre de Miravalle, Guaviare, donde para la Fiscalía fueron ejecutadas 26 personas, incluyendo a siete menores de edad. Se destaca que no fue un enfrentamiento armado, sino una ejecución.
Además, el ente acusador encontró que alias Calarcá y su grupo sostuvieron una actividad criminal sostenida entre 2024 y 2025 con 19 eventos explosivos contra el sector comercio en municipios como Granada, Villavicencio y Acacías, así como también un ataque con minas antipersonales en julio de 2024 en Valdivia (Antioquia), donde perdieron la vida seis soldados.
A continuación, se detallan los diez puntos clave sobre el pedido de la Fiscalía a la Presidencia en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”.
Liderazgo máximo y cadena de mando
La Fiscalía lo identifica plenamente como el máximo cabecilla del “Estado Mayor Central FARC-EP” o conocido como Estado Mayor de Bloques y Frentes. El hallazgo principal es que su rol no es solo político, sino de dirección operativa sobre las estructuras criminales, la cual para la Fiscalía no ha dejado de implementar en el territorio en medio de las negociaciones de paz.
Ruptura del compromiso de paz
El argumento central del ente investigador es que Alexander Díaz, conocido como Calarcá, ha desvirtuado de plano la voluntad genuina de no cometer nuevos delitos.
La Fiscalía sostiene que el beneficio de suspensión de órdenes de captura se otorgó bajo una premisa de paz que el procesado “ha incumplido sistemáticamente”.
Reincidencia Inmediata (caso Carmelina Yule)
Un hallazgo probatorio clave es el homicidio de la lideresa Nasa, Carmelina Yule, en marzo de 2024.
La Fiscalía destaca que este crimen ocurrió tan solo dos meses después de que alias Calarcá recibiera los beneficios gubernamentales, lo que para esa entidad demuestra una “nula intención de cese al fuego”.
Responsabilidad en masacres
Terrorismo sistemático contra el comercio
La Fiscalía aporta como hallazgo una campaña de terrorismo en el Meta con 19 eventos explosivos registrados entre 2024 y 2025.
El argumento es que esta actividad ha sido sostenida y posterior a la suspensión de capturas, afectando directamente a la población civil en Granada, Villavicencio y otros municipios.
Uso de métodos de guerra prohíbidos por el DIH
Se documenta el uso de minas antipersonales en Valdivia, Antioquia (julio de 2024), donde murieron seis soldados.
Para la Fiscalía, esto demuestra que la estructura bajo el mando de Calarcá sigue empleando tácticas atroces contra la fuerza pública a pesar de los acercamientos de paz .
Directrices claras desde la cúpula disidente
Hegemonía territorial delictiva
El ente acusador ha determinado que alias Calarcá utiliza su estatus para articular comisiones armadas en Meta, Caquetá y Guaviare con el fin de consolidar una hegemonía criminal.
Esto incluye órdenes directas para cometer extorsiones y desplazamientos forzados.
“Nexo causal con la macrocriminalidad”
El argumento técnico citado por la fiscal Camargo, en su carta, establece un “nexo causal directo” entre las órdenes de nivel de dirección de Calarcá y “la macrocriminalidad documentada”, incluyendo graves delitos ambientales como la deforestación.
Solicitud de revocatoria jurídica
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