“El contralor está descontrolado, destornillado y está manejando la pata de los colombianos como si fuera su patrimonio personal”. Con esas fuertes afirmaciones, Pablo Bustos, director de la Red de Veedurias Ciudadanas, denunció el posible detrimento patrimonial en el que estaría incurrido la Contraloría de la República con la compra de una nueva sede en Bogotá por más de 308.000 millones de pesos.
Y es que luego del escándalo que estalló en el país con la sede adquirida por la excontralora Sandra Morelli, el nuevo encargado de la entidad, Edgardo Maya Villazón gestionó la compra de un nuevo inmueble para trasladar a los funcionarios del ente auditor. Según se pudo conocer, la Contraloría compró parte del edificio Paralelo 26, ubicado precisamente en la calle 26 el occidente de Bogotá, por 308 mil millones y arrendó otra parte del inmueble hasta 2018 cuando una nueva asignación de recursos le permita adquirir la totalidad del bien.
Sin embargo, según confirmó la Contraloría, en esos términos, el negocio se traducirá en un ahorro cercano a los 12.000 millones con respecto a los recursos que había asegurado para esta compra el Ministerio de Hacienda que eran 320.000 millones. Además, según la entidad, habrá un ahorro cercano al 50 por ciento en los recursos de vigencias futuras asignados por el CONFIS para pagos de arrendamiento que eran $121.000 millones, ya que solo serán utilizados en ese ítem $61 mil millones.
La nueva sede , que estará ubicada en el Edificio Paralelo 26, localizado en el costado norte de la Avenida El Dorado, sector Salitre, cuenta con una extensión de 56.000 metros cuadrados construidos, que incluye 3 sótanos, 17 pisos y 665 parqueaderos y, albergará a más 2.000 funcionarios del nivel central.
“Este edificio excede las necesidades y requerimientos de la entidad. Tratándose de un ente de control que debió velar por la austeridad y economía en la adquisición de este inmueble se trata del edifico más lujoso de la ciudad y de pagos a unos precios plenos de mercado lo que significa que son abiertamente excesivos”, explicó Bustos.
Bustos agregó que si el arriendo de la anterior sede hecho por Morelli fue un problema “acá estamos frente a un desfalco abierto del erario público y frente a un abuso de las funciones del propio contralor”, al tiempo que dio a conocer que pondrá en conocimiento de los demás entes de control esta situación.
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