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Con aval para saltar de partidos: la cirugía de Petro al sistema político

La puerta giratoria la abre la reforma política. Las otras perlas están en el Código Electoral. ¿Cóctel para 2023?

  • La reforma política es una de las prioridades legislativas del gobierno. FOTO Colprensa
    La reforma política es una de las prioridades legislativas del gobierno. FOTO Colprensa
  • Texto de la reforma política en trámite en el Congreso.
    Texto de la reforma política en trámite en el Congreso.
  • Texto del Código Electoral. Será debatido la otra semana.
    Texto del Código Electoral. Será debatido la otra semana .
Publicado el 25 de noviembre de 2022

El Gobierno de Gustavo Petro quiere aplicar una transformación a todo el sistema político y electoral, lo cual está entre las prioridades del Presidente y sus alfiles del Congreso para la agenda de lo que queda del 2022. Y la intención es que esté en marcha en el 2023.

Para hacer realidad esas transformaciones necesitan del Legislativo en el que, si bien tienen las mayorías, han surgido disidencias, incluso, dentro del mismo Pacto Histórico que cuestionan el acelerado trámite que le quieren dar a esos proyectos.

Esa cirugía incluye dos articulados: las reformas política y al Código Electoral. La primera va para su cuarto debate en Cámara (de los 8 que debe surtir en el Capitolio porque toca la Constitución) y el segundo apenas comienza su trámite, a pesar de que lo presentaron desde agosto.

Al Código el Ejecutivo le quitó el mensaje de urgencia este jueves, tras un escándalo de posible repartija de mermelada desde la Registraduría en las comisiones primeras de Senado y Cámara. El registrador Alexander Vega no habla del tema y los presuntos enmermelados lo niegan.

Incluso, la bancada del “cambio” perdió otras dos batallas en las sesiones de este día porque el trámite de dos proyectos bandera del mandatario se retrasó por falta de quórum: el del Ministerio de la Igualdad que le entregará a la vicepresidenta Francia Márquez y la prohibición del fracking.

El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, aseguró que la ponencia del proyecto de reforma al Código Electoral del que él mismo es ponente tendría vicios de constitucionalidad.

Toda una paradoja, porque ese articulado es casi igual al que movió el registrador Vega en 2020 y que tumbó la Corte Constitucional en abril de 2022 por ese mismo problema.

Por ese reparo de Uribe, y los de otros cercanos al Gobierno –como el liberal Juan Carlos Losada–, la Casa de Nariño terminó quitándole el mensaje de urgencia. Esa decisión, sin embargo, solo aplaza unos cuantos días la discusión de fondo sobre el proyecto de casi mil páginas que volverá a tener agenda en el Legislativo.

Texto de la reforma política en trámite en el Congreso.
Texto de la reforma política en trámite en el Congreso.

Mientras se le da un compás de espera (o de negociación) al Código, sigue en trámite la reforma política abanderada por el gobierno que a escasos once meses para las elecciones regionales modificará las reglas de juego para hacer política, y que también está en los intereses del Ejecutivo.

Tanto es así que el presidente de la Cámara, David Racero, le pidió a los representantes no programar más audiencias públicas para que el tiempo que queda de Congreso antes de las vacaciones de Navidad se enfoque en el debate de ese articulado, el del Ministerio de la Igualdad y el del Código Electoral.

El presidente del Senado, Roy Barreras, también tiene en la mira ese documento bajo la justificación de que es “necesario para cambiar el sistema clientelar en el país”. Él mismo es su coordinador ponente y, si se aprueba, parlamentarios como él podrían verse beneficiados por ‘micos’ de ese texto que han pasado de agache en los debates que lleva: los congresistas podrían terminar siendo ministros.

Trasfuguismo y saltos a la Presidencia

Esa reforma abre la posibilidad de que, por una sola ocasión en el periodo legislativo, los parlamentarios puedan cambiarse de partido político.

A esa figura se le dice trasfuguismo y con la normativa actual es un comportamiento sancionado. De hecho, para cuando un político renuncia a la colectividad que lo abanderó en una contienda para ingresar a otra debe dar un compás de espera para no incurrir en doble militancia.

Otro de los saltos que permitiría el articulado es que un congresista pueda renunciar a su curul para pasar a la rama ejecutiva como ministro del Gobierno. Ese brinco es habitual en los sistemas parlamentarios como el de Reino Unido, mas no ha sido posible en el presidencialismo colombiano.

¿Sería la llave para que los legisladores actuales sean ministros en un par de años?, ¿o para que se repartan cuotas políticas entre los partidos declarados como bancada de Gobierno?

Esa duda ha empañado el trámite de la reforma. Sin embargo, desde el Pacto Histórico la representante Luz María Múnera responde que “el ruido que se genera de que hay congresistas interesados en salir ya para un ministerio no tiene fundamento porque esto va para 2026”.

¿Cheque blanco a campañas en 2023?

Con la reforma política, la financiación de las campañas correría de cuenta del Estado y no de los partidos, buscando que esa medida evite que lleguen dineros oscuros a las arcas de los candidatos. Esa decisión le daría una nueva carga al ya amplio listado de gastos públicos cuyo monto aún no está claro.

En el fondo de ese ítem están los escándalos por la financiación que han manchado la política nacional durante los comicios, como el de la excongresista Aída Merlano.

De hecho, también elimina la posibilidad de que se entregue financiación en efectivo a los candidatos, un punto que cobra el pasado del presidente Petro pues, cuando este era candidato en 2018, fue grabado en mientras recibía plata en bolsas para su aspiración de entonces.

Hasta ahora la autoridad electoral designa unas partidas para que las colectividades hagan sus campañas, pero está abierta la puerta a que aparezcan donantes a las causas políticas en medio de las contiendas. Si se aprueba, esa financiación privada podría llegar directamente a los partidos, más no a las aspiraciones individuales.

Sin voto preferente y con paridad

De cuenta de los dineros sucios en las campañas surgió un debate más del tema económico: conformar listas cerradas y cremalleras para, en teoría, cerrar la posibilidad de ingreso a los dineros sucios.

Si usted se acercó a votar en las elecciones a Congreso de marzo de 2022 seguramente se pudo percatar de que había listas cerradas (en las que solo era necesario marcar el logo del partido de su preferencia) y abiertas (para las que también podía resaltar con una X el número del candidato de su interés).

Pues bien, si la reforma política cumple su trámite en el Congreso, esa posibilidad se acabaría porque todas las listas de candidatos serían cerradas para favorecer la paridad de género.

Mejor dicho: si a usted le gusta el candidato que está en el puesto #10 de la lista y le disgusta el del #5, inevitablemente terminará respaldando a los dos porque se entiende ese catálogo de aspirantes como un proyecto de partido, no de aspiraciones unipersonales.

Ese cambio facilitaría que la financiación estatal vaya direccionada solo a hacerle eco a una lista, pero deja preguntas sobre los mecanismos que aplicarían los partidos para elegir a los primeros de ese catálogo que, al fin de cuentas, serían quienes queden con más posibilidades de llegar al Congreso, las Asambleas o los Concejos.

“Hoy no tenemos la capacidad desde los partidos para determinar el orden, entonces el cambio haría que el director de cada colectividad defina quién va y en qué orden en las listas”, alega desde la Cámara el representante de Cambio Radical, Víctor Tovar.

¿Los caciques políticos quedarían en las primeras casillas evitando que lleguen nuevos rostros al Capitolio? Esa duda la respondería el nuevo Código Electoral, un texto cuyo trámite está demorado.

Los “micos” detrás del código de Vega

La representante Múnera es tajante al afirmar que “el país puede estar seguro que nosotros no vamos a hacer un Código a la medida del Registrador. El Código Electoral tiene que conversar con la reforma política”.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y el presidente del Senado, Roy Barreras, abanderaron ese articulado en agosto, pero ellos mismos han ido aplazando su debate por las diferencias que suscita en la bancada de Gobierno.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que Vega sí está interesado en tramitar con celeridad el Código del que él es artífice. Este diario buscó al Registrador para conocer su pronunciamiento sobre el retiro del mensaje de urgencia, pero no fue posible comunicarse con él.

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, advierte de un “mico” en ese proyecto porque “se establece que los registradores se van a profesionalizar, pero profesionalizarlos significa volverlos autoridades electorales que serían de libre nombramiento y remoción. ¿Van a crear más cuotas políticas en la Registraduría?”.

Este también amplía la planta de la entidad para que tenga más dientes (incluso por encima del CNE), permitiría el voto anticipado, por correo (mensajería) y de tipo electrónico.

Ese último punto es el que más genera asperezas entre sus detractores porque, si se aprueba, habría que formular contratos para la compra e implementación de un nuevo software electoral. ¿Sería Vega quien elija a quién darle esos suntuosos negocios?

Y no se puede hablar de cambios y contratos electorales sin tener en cuenta que en Colombia ya está corriendo el calendario electoral para los comicios regionales de octubre de 2023.

Los promotores de esos articulados aseguraron que no se alcanzarían a aplicar las nuevas normas de juego para ese año, pero las vigencias pueden cambiarse en cuestión de un debate –y a pupitrazo– hasta el último momento del trámite en el Congreso.

Así que solo hasta que termine el trámite de esos dos proyectos en el Capitolio se tendrá claro si el cambio llega para el 2023 o para las presidenciales del 2026 .

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Texto del Código Electoral. Será debatido la otra semana.

Le quieren quitar dientes a la Procuraduría: ¿el principio de su fin?

En el Congreso toma vuelo un movimiento que quiere eliminar la Procuraduría, bajo el argumento de que esa entidad tiene funciones que se superponen con las de otras entidades de control, las ías.

Es más, el mismo presidente Gustavo Petro dejó claro desde su campaña por la Casa de Nariño que ese sería uno de los puntos de su agenda para reducir la arquitectura del Estado.

Si bien esa propuesta no está dentro de la reforma política, en el texto sí quedó una iniciativa que le quitaría poder a la entidad que en la actualidad está en manos de Margarita Cabello. La procuradora hace apenas tres años fue ministra de Justicia del expresidente Iván Duque.

El texto de la reforma pretende arrebatarle a esa oficina la posibilidad de investigar funcionarios públicos elegidos mediante elección popular.

En números, las 7.749 investigaciones que están en curso en esa dependencia contra congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles cambiarían de doliente, en un sistema judicial que está colapsado.

Esos números incluyen a funcionarios en ejercicio y a otros que ya dejaron su asiento en las oficinas públicas, pero que quedaron con procesos en el ente de control.

Solo para dar un indicador, de ese total de investigaciones 3.853 corresponden a procesos contra alcaldes o exacaldes. En otros términos: hay más folios abiertos contra administradores locales que municipios en Colombia.

Es más, fue la Procuraduría la que suspendió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su participación en política durante la campaña por el 2022. Otro que quedó en la mira fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Incluso, el presidente tiene una vieja batalla con esa entidad porque fue el exprocurador Alejandro Ordoñez quien lo suspendió de su cargo como alcalde de Bogotá cuando estaba en el Palacio de Liévano.

Desde el Pacto Histórico le dijeron a este diario que ese articulado, sin embargo, no es el principio del fin de la Procuraduría, bajo el pretexto de que se mantendría su función disciplinaria para revisar el ejercicio de los servidores públicos.

El debate sobre qué hacer con la entidad –y con las ías en general– se tomó la agenda del presidente Petro, quien ya se reunió con la procuradora Cabello en septiembre para abordar el futuro de su despacho.

Y es que el “gobierno del cambio” quiere recortar la burocracia estatal, un punto en el que entra esa entidad, pero también la misma Registraduría a la que terminaría ampliándole la planta con el borrador del Código Electoral que está moviendo el registrador Alaxander Vega. ¿Se recorta por un lado y se agranda desde otro? Para resolver esa duda, habrá que esperar al texto final de las reformas política y al Código .

Juliana Gil Gutiérrez

Periodista egresada de la facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.


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