Sigue la polémica en el sector salud por los embargos que jueces de la República han ordenado en los últimos meses contra las entidades promotoras de salud (EPS). Según la superintendencia del ramo, al 22 de enero de 2026 se había ordenado tomar $2,6 billones, producto de 291 medidas cautelares, que recaen sobre recursos del sistema. Dos aseguradoras intervenidas son las que más concentran fallos; entre tanto, se conoció una alerta de un gremio sobre esta situación.
De acuerdo con el análisis de la Supersalud, realizado con los reportes de las EPS, la situación representa un “riesgo relevante” para la sostenibilidad financiera del sector y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, pues compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios y al pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores.
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Por otro lado, Bogotá, con 65 procesos; Antioquia (Concordia), con 21; Bolívar (Cartagena), con 47, y Caquetá (Florencia), con 34, son las ciudades que concentran el mayor número de embargos registrados.
Dos EPS intervenidas son las que más concentran embargos
En cuanto a la concentración por actores del sector, Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor afectado por embargos por la red de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes. A juicio de esa entidad, esto refleja el volumen de procesos en curso y la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas.
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Vale recordar que ambas aseguradoras están bajo medida de intervención forzosa para administrar de la superintendencia. Nueva EPS fue intervenida en abril de 2024, mientras que Coosalud lo fue en noviembre de 2024.
Ante esto, esa entidad recordó que los recursos del sistema de salud son de naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica y que su utilización debe orientarse exclusivamente a la financiación de la atención de la población y a la sostenibilidad del sector. Por eso recordó el Concepto Unificado que especificó la regla general de la inembargabilidad de esos recursos del sistema, en la que hay excepciones puntuales y de aplicación limitada.
Finalmente, la Supersalud apuntó que su análisis de los mencionados procesos judiciales hacen un llamado a fortalecer su gestión jurídica, administrativa y financiera, así como de realizar “constante seguimiento y acompañamiento permanente al impacto que dichas medidas generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de recursos públicos del sistema de salud”.
Una carta de advertencia de octubre de 2025
En este contexto, se conoció una carta que Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) le envió el 30 de octubre de 2025 a la entonces interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía Aguillón. Allí, le advertían que los embargos no deben ser analizados de manera aislada, sino como una consecuencia de los constantes problemas en el pago oportuno a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y del crecimiento acelerado de las deudas.
Según expuso la comunicación, publicada por el portal Consultor en Salud, esas medidas judiciales se estaba convirtiendo en una forma de última instancia para hospitales y clínicas ante las dificultades de obtener pagos regulares por servicios prestados. También describió que, antes de llegar a esa vía, los prestadores han pasado por “un sinnúmero de procesos administrativos, acercamientos y ruegos infructuosos” que generaron situaciones “insostenibles y de riesgo” para su estabilidad financiera y para una población “enferma que requiere nuestra asistencia”.
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El gremio mostró que las deudas de los hospitales y las clínicas, a corte de junio de 2025, pasaron de $20,3 billones a $24 billones, sobre los cuales hubo una morosidad que llegaba al 56 % “en solo un semestre”. Las EPS liquidadas y activas aportan, según la ACHC, aportan a esa deuda “más de $18 billones”: una situación que, a su juicio, muestra un problema sistémico.
Sobre el caso de Nueva EPS, la asociación apuntó a que la deuda de Nueva EPS ha crecido de forma acelerada: en solo seis meses pasó de $5 a $6,7 billones y, en un año, aumentó de $4,1 hasta $6,7 billones, al tiempo que la morosidad se incrementó en aproximadamente ocho puntos. Aclaró que estos datos se basan en reportes de 227 IPS consideradas representativas, pero como no abarcan toda la red, advierte que el monto real de la cartera pendiente podría ser mayor.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué los jueces están embargando a las EPS?
- Por deudas acumuladas con hospitales y clínicas que acudieron a la vía judicial tras no recibir pagos oportunos.
- ¿Los recursos de la salud se pueden embargar?
- En principio no, porque son de destinación específica, pero existen excepciones puntuales definidas por la ley.
- ¿Qué EPS tienen más recursos embargados?
- Nueva EPS y Coosalud concentran la mayor parte del valor afectado, según la Supersalud.
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