Si hay algo por lo que el presidente Gustavo Petro saca pecho en materia de salud son los equipos básicos de salud (EBS) y la inversión en infraestructura hospitalaria pública en el país. Ambos caminos hacen parte de la perspectiva de su Gobierno sobre mudar el sistema actual —que califica de centrarse en curar la enfermedad— por uno en el que su énfasis sea la prevención y la promoción.
Por eso es que, cada que puede, se ufana de que la inversión de su Gobierno en la red pública hospitalaria ha sido la más alta en comparación con sus antecesores. Y aunque las cifras apuntan a que es así, lo cierto es que no se conoce hasta ahora cuál ha sido y será el impacto de esa financiación mientras el sistema de salud vive una crisis sin precedentes por la falta, precisamente, de recursos suficientes.
A mediados de este mes, la senadora Norma Hurtado llamó la atención sobre el traslado de $14 billones del presupuesto del Ministerio de Salud “a otros fines”, “mientras los colombianos están sin citas, cirugías, tratamientos y medicamentos” y que “en 2026 lo vuelven a hacer”.
Ese traslado que menciona la congresista se fue al apoyo a programas de desarrollo de la salud–Ley 100 de 1993. EL COLOMBIANO consultó los documentos de la ejecución presupuestal del Minsalud y encontró que, efectivamente, para ese ítem se destinarán $4,4 billones en 2026. Esos programas de desarrollo han estado presentes en el presupuesto del ministerio desde la vigencia de la Ley 100 (que estructuró el modelo de salud actual) y tienen el objetivo de impulsar su implementación a lo largo del tiempo.
Para esto, esa entidad expide resoluciones para establecer los criterios con que se asignan recursos del presupuesto general de la Nación. Tras la revisión que hizo este diario de los documentos de ejecución presupuestal de esa cartera encontró que no son $14 billones, sino $16,7 billones los que en el Gobierno Petro se han destinado a ese rubro. Esa cifra corresponde a $272.796 millones de 2022 (agosto a septiembre), $226.031 millones de 2023, $3,6 billones de 2024 y $12,6 billones de 2025.
Históricamente, lo que se destinaba a eso era una cifra baja, pero en el actual Gobierno se dio una inversión inédita. Tanto así, que incrementó en un 1.501 % en comparación con el periodo de Iván Duque. En ese Gobierno se invirtieron $292.603 millones en 2018 (agosto a diciembre), $386.095 millones en 2019, $6.002 millones en 2020, $360.459 millones en 2021 y $513.952 millones en 2022 (enero a julio). Lo que da un total de $1,04 billones y lo que indica que en la Administración actual lo destinado a esto incrementó en $15,7 billones. Esa cifra que se repite contando solo los años completos de ambos periodos (ver gráfico).
¿En qué han usado esa plata?
EL COLOMBIANO le preguntó al Ministerio de Salud a qué se ha destinado ese presupuesto, pero no contestó. Sin embargo, varios expertos consultados coinciden en que esa bolsa se utiliza para pagar proyectos de promoción y prevención e infraestructura hospitalaria pública. Como lo explicó el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, “la apuesta del Gobierno es ir expandiendo la red pública para equiparar la red privada y remplazarla.
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Actualmente la primera representa el 20 % de la oferta en el país y la segunda, el 80 %, por lo que igualarla es complicado”. “Ellos no creen en el aseguramiento (modelo actual basado en el subsidio a la demanda), sino en el subsidio a la oferta. Creen que lo que debe haber es más red pública financiada con oferta y que esa sea la que atienda mayoritariamente a la población de los territorios”, agregó.
Por su parte, la senadora Hurtado añadió sobre el cambio de inversión mencionado que “es un rubro que históricamente había tenido presupuestos muy bajos, pero que ahora se ha convertido en uno muy significativo, porque es el rubro a través del cual él respalda los equipos extramurales o los equipos de atención básica, respalda la compra de ambulancias y algunos temas de infraestructura” (leer entrevista completa).
“Lo que han hecho es meter los EBS y la infraestructura en esa bolsa. Pueden hacerlo así, pero nunca había sido tanta inversión, normalmente era para campañas pequeñas porque la mayor cantidad se va para el aseguramiento”, aseguró por su parte el investigador Johnattan García. Son precisamente esos frentes la principal bandera de Petro: llevar equipos extramurales a las casas de la gente para valorarlas médicamente y construir hospitales en las zonas apartadas o con bajo acceso a servicios de salud del país.
Así lo expuso el Jefe de Estado el pasado 16 de enero cuando anunció la llegada de unidades renales al hospital público de Maicao en La Guajira. “Ni la inversión en 20 años de los últimos gobiernos en la red pública hospitalaria del país ha alcanzado la que ya hicimos en nuestro gobierno (sic)”, afirmó.
¿Y los resultados e impactos?
Ese fin —en principio de buena fe— que expone el mandatario con orgullo no representa en sí misma una mala apuesta de política de salud. Al fin y al cabo ningún estudioso del tema ni opositor al Gobierno lo tilda como tal, pues invertir en construir hospitales y en hacer promoción y prevención en zonas apartadas no son malas ideas.
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El problema radica cuando, en el medio de esa histórica inversión, el sistema de salud vive la duras y las maduras y no solo en las instituciones prestadoras de servicios privadas, sino también en las públicas.
Basta recordar el llamado de auxilio que hizo el 16 de enero (mismo día en que Petro habló de las unidades renales para Maicao) el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, sobre el ahogo financiero que viven por lo que le deben las EPS, incluidas las intervenidas por el Gobierno; el cierre de servicios médicos en el papis, que en el primer semestre de 2025 contabilizaba 6.084, según un informe de la Unión de Instituciones prestadoras de servicios de salud (Unips); así como, según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), la muerte de 2.436 pacientes con esas dolencias el año pasado.
En ese sentido, el profesor de salud pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, expresó que si bien “hay déficit en infraestructura, toca que generar capacidad resolutiva, es una inversión que se debe hacer con un modelo de gestión que garantice su sostenibilidad en el futuro”.
“No obstante, si hay pocos recursos en la demanda (usuarios de las EPS), pero hay capacidad instalada (hospitales y clínicas), se debería contratar y tener incentivos para atenderla con la existente, pero se está fortaleciendo la pública ignorando la privada que se podría aprovechar”, añadió.
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En la consulta que hizo este diario al Minsalud se le preguntó sobre los criterios y estudios que se han tenido en cuenta para ejecutar la inversión que ha hecho en infraestructura hospitalaria pública, en cuanto a los puntos que señala Peñaloza y a la proyección de los impactos que quiere atender o mejorar.
Entre tanto, las personas consultadas para esta nota coinciden en que no hay una base de información pública que permita consultar y analizar si esas estrategias están teniendo impactos en los indicadores de salud pública (sobre los cuales el presidente Petro ha sostenido con datos refutados que han mejorado), en el caso de los EBS; así como las pautas que siguieron para construir hospitales, referentes si se hicieron con base en la población o en las frecuencias de uso (número de veces que las personas van al médico) y cómo se van a medir su impacto en cuanto a raceros como la oportunidad del servicio y los tiempos de espera.
“El sistema de salud no tiene transparencia de información ni datos claros y este Gobierno no está haciendo mucho para mejorar eso en el cambio de filosofía (sobre el modelo) y en el mejor manejo de la información”, aseveró Giovanni Jiménez al respecto.
La información que Presidencia entrega sobre la inversión en infraestructura hospitalaria señala cinco hospitales entregados: el Hospital El Socorro de San Diego (Cesar), de $3.837 millones; la empresa social del Estado (ESE) Manuel Castro Tovar de Pitalito (Huila), de $1.139 millones; la ESE Édgar Alonso Pulido de Pauna de Pauna (Boyacá), de $1.384 millones; el Hospital Juan Luis Londoño de El Zulia (Norte de Santander), de $2.461 millones, y la sede administrativa del Hospital Universitario de Sincelejo de Corozal (Sucre), de $568 millones.
La crisis financiera del sistema
El experto en sistemas de salud, Andrés Vecino, expuso recientemente en sus redes sociales que la crisis que vive el sistema inició desde los cálculos de la unidad de pago por capitación–UPC (plata que el Estado le da a las EPS para atender a sus afiliados) de 2022 y 2023. Estos se hicieron con base en datos de atención de 2020 y 2021, respectivamente.
Pero en esos años, debido a la pandemia del covid-19, bajó la frecuencia de uso “porque era difícil hacerlo, no había disponibilidad y había miedo de ir al médico, entonces se calcularon con información de cuando la gente no estaba acudiendo”.
A esto se le sumó la inflación, que encareció los costos de la prestación de servicios de salud. “Entonces, no es solo que las personas estaban yendo más al médico, sino que cada tratamiento era mucho más costosos”, dijo. Además, en 2023 el Ministerio de Salud “introdujo nuevas tecnologías que antes no estaban dentro de la UPC”.
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Esos tres factores, expuso Vecino, “terminaron reflejando un incremento en los costos versus los ingresos”, que tiene actualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) gastando $110 de cada $100 que le ingresan por UPC.
Ante esta situación, “el Gobierno no ha querido reconocer que debe incrementar suficientemente ese presupuesto y es por eso que estamos viendo las barreras al acceso”, que se traducen en demoras en las citas y en la atención, en la entrega de medicamentos y falta de acceso a tratamientos. “Estamos viendo todo esto simplemente porque el Gobierno es el responsable de enviar el dinero y no lo está haciendo de forma suficiente”, puntualizó.
“Los resultados no se han materializado en bienestar”: Norma Hurtado, senadora del Partido de la U
¿Cómo fue el seguimiento que le hizo a los recursos que han trasladado?
Nosotros desde 2023 hemos venido evidenciando que el ministro Guillermo Jaramillo adoptó la figura de los traslados: tomar recursos del aseguramiento, que constitucionalmente están destinados a la prestación de los servicios de salud, y trasladarlos al rubro de apoyo a la Ley 100. Es un rubro que históricamente había tenido presupuestos muy bajos, pero que ahora se ha convertido en un rubro muy significativo porque es a través del cual él respalda los EBS, la compra de ambulancias y algunos temas de infraestructura. He venido haciendo solicitudes a la Contraloría y Procuraduría, pues hemos evidenciado la posible desfinanciación del aseguramiento en salud y esto a quien perjudica directamente es a los usuarios y a los pacientes.
¿A qué fondo le están quitando esos recursos?
Yo fui muy enfática cuando estábamos en la aprobación del presupuesto y presenté una proposición para darle prelación a la financiación del aseguramiento, pues tenemos claro que ese es el mecanismo para garantizar la protección del goce efectivo de la salud. Entonces, al desfinanciar el aseguramiento, vamos a entrar en situaciones como la ausencia de medicamentos, suspensión de tratamientos y que no hay un flujo de recursos para el pago de la prestación de servicios.
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¿En qué quedó esa proposición que presentó?
Acuérdese cómo es todo. Para ese presupuesto muy pocas veces el Ministerio de Hacienda y el de Salud aprueban una proposición de una congresista y mucho menos una proposición presentada por Norma Hurtado.
¿Qué significa para el sistema de salud que hagan esa reasignación presupuestal?
El problema que tenemos actualmente es la desfinanciación del sistema. Por eso siempre es importante entender de dónde provienen los recursos y especialmente cómo se financia la UPC. Entonces si nuestro sistema es de una financiación mixta, donde las cotizaciones de los trabajadores formales e independientes y los impuestos nacionales y locales conforman ese gran presupuesto, tomar de ahí para asumir nuevos gastos —que son válidos, que son necesarios para el país—, la respuesta es sí. Los EBS son importantes en las regiones más apartadas, la compra de ambulancias es importante para los territorios, los nuevos proyectos de infraestructura también para algunos territorios. Pero, por Dios, busquen otras fuentes de financiación que no sean el aseguramiento.
¿Le ha consultado al ministerio sobre los resultados de esas inversiones?
Sí, claro. Hemos elevado varios derechos de petición. Algunos de ellos llegan con respuestas muy someras y otros llegan con una información que se hace necesaria contrarrestarla con las ejecuciones del ministerio y con las realidades que nos remiten los entes territoriales. Recuerde que los recursos de los EBS son giros a los hospitales, entonces es un cruce de información que es necesario validar para poder dar una información mucho más clara y mucho más precisa. Pero la Contraloría ha venido haciendo unas preguntas desde 2024, donde pregunta dónde está la plata destinada a los equipos básicos y creo que destapa un proyecto improvisado por parte del Ministerio de Salud.
¿Por qué cree que no están haciendo bien esos gastos en infraestructura y EBS?
Lo que pasa es que no solamente se necesita la buena intención y no solamente se necesita tener los recursos. El Gobierno tiene la intención y los recursos, pero la estrategia y, especialmente, los resultados son los que no se han materializado en el bienestar de los colombianos. ¿Donde están los resultados en salud?, que es lo que todos queremos observar: la calidad y el mejoramiento de la salud de las personas que viven en una Colombia mucho más apartada.
El Gobierno ha dicho que con los EBS ha mejorado varios indicadores de salud pública, ¿cree que ha sido así?
Hay una discusión técnica que no la debo dar yo. La están dando los salubristas y los epidemiólogos de la forma cómo el Gobierno presenta las cifras de un mejor bienestar de la salud de los colombianos. Me quiero apegar a la academia y a la normatividad para evaluar las cifras y los resultados de esa estrategia, pero tenemos muchas dudas de su efectividad.
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