La Corte Constitucional abrió en los últimos días un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Jaramillo, al considerar que no ha cumplido con las órdenes judiciales relacionadas con la suficiencia sobre la unidad de pago por capitación (UPC). Esta es la plata que el Estado entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención en salud de cada afiliado y que es la base de la financiación del sistema. Una de las órdenes del auto que expidió ese tribunal le da un empujón al cálculo de esos recursos para 2026, sobre la cual el Gobierno se ha negado a reconocer que no alcanza para cubrir la demanda de servicios.
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Esta decisión se enmarca en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que estableció a la salud como un derecho y sobre la cual, desde entonces, se ha mantenido activa una Sala Especial de Seguimiento que ha expedido de autos para verificar avances.
Esa sala, de hecho, fue la que en enero pasado expidió el Auto 007 de 2025 que estableció la insuficiencia de la UPC de 2024 y que ordenó al ministerio hacer una mesa técnica para recalcular esa prima.
UPC: Auto 2049 de 2025
En ese sentido, con el Auto 2049 de 2025, expedido el pasado 10 de diciembre, ese alto tribunal concluyó que “persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC” y señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha demostrado con soporte técnico que los recursos asignados al sistema cubran adecuadamente los costos que existen. Por esa razón, decidió abrir un incidente de desacato contra el ministro Jaramillo.
Con esta determinación, al funcionario le dieron un plazo de 48 horas para explicar las razones del mencionado incumplimiento y mencionó que, de no hacerlo, la Corte remitirá el expediente a la Procuraduría General y a la Fiscalía General para que evalúen posibles responsabilidades disciplinarias y penales.
“Los mecanismos de respuestas establecidos y aplicados por el Gobierno no han respondido con inmediatez y eficacia a la problemática estructural”, menciona el auto.
Adicionalmente, el alto tribunal ordenó a esa cartera que para 2026 “acredite técnicamente la suficiencia del valor” de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, según los estándares fijados por la Corte Constitucional. Esta instrucción cobra especial relevancia, pues el ministerio tiene plazo hasta el próximo 31 de diciembre para definir el incremento para el próximo año.
Ese punto también ordena al Minsalud que “se abstenga de establecerlo (el aumento) únicamente conforme a la inflación causada y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, como justificación para omitir un estudio técnico de suficiencia de la prima”. Esto quiere decir que este año no podrá hacer lo mismo que el año pasado: definir el aumento de la UPC por inflación argumentando que no tiene datos suficientes de las EPS para hacer el cálculo.
Incluso, la Corte Constitucional hizo fuertes críticas a la metodología empleada por el ministerio para ajustar la UPC, al advertir que basarla de forma recurrente en la inflación, sin estudios actuariales completos, resulta “inadmisible” y contraria al principio de suficiencia financiera.
El alto tribunal también exigió la elaboración de un Plan Inmediato de Acciones en Salud (PIAS), que deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses y contemplar etapas claras de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. Dentro de ese plan, el componente de sostenibilidad deberá entregarse en un mes y comenzar a ejecutarse en menos de ese tiempo.
Así mismo, se conminó a la Superintendencia de Salud a que ejerciera un control más estricto sobre el uso de los recursos públicos por parte de las EPS y rendir informes semestrales a la Corte y se compulsaron copias a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para intensificar la vigilancia institucional.
En su análisis, el tribunal reiteró la importancia central de la UPC y de los presupuestos máximos (PM) —que es la plata que cubre los servicios que no paga la unidad— para el equilibrio del sistema, al advertir que cualquier retraso o insuficiencia en estas fuentes impacta la prestación de los servicios y la garantía del derecho a la salud de la población.
Estas órdenes llegan en un momento clave para el sector, pues el Gobierno está en proceso de definir el incremento para 2026 en medio de una presión creciente de gremios, expertos y ahora de este tribunal. La semana pasada, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) pidieron un incremento de entre el 15 y el 17 por ciento.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es la UPC y por qué es importante para el sistema de salud?
- La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el monto que el Estado asigna a las EPS para cubrir la atención en salud de cada afiliado. Su suficiencia es crucial para garantizar la calidad de los servicios y la cobertura de todos los ciudadanos.
- ¿Qué ordenó la Corte Constitucional al Ministerio de Salud respecto a la UPC?
- La Corte ordenó que el Ministerio de Salud ajuste técnicamente la suficiencia de la UPC para 2026, con base en un estudio actuarial, y que no utilice únicamente la inflación como justificación para el aumento de los recursos.
- ¿Cómo afectará la decisión de la Corte al sistema de salud colombiano?
- La decisión de la Corte pone presión al Gobierno para que garantice la suficiencia de la UPC para 2026 y promueva la sostenibilidad del sistema, evitando que la falta de recursos ponga en riesgo el acceso a la salud de la población.
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