El saliente Gobierno de Gustavo Petro logró que la salud se convirtiera en la principal preocupación de los colombianos: desplazó a temas históricamente dominantes en la agenda pública, como la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Así lo revela el primer estudio independiente de percepción ciudadana sobre el sistema de salud, elaborado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y Eureka Group, con base en 1.560 encuestas presenciales realizadas en 47 municipios entre el 11 y el 30 de mayo de 2026.
Según el estudio, el 26,1 % de los ciudadanos considera que la salud, debido a la falta o mala prestación de los servicios, es el problema más grave que enfrenta actualmente Colombia. La cifra supera ampliamente a la corrupción, que ocupa el segundo lugar con el 19,8 % de las menciones.
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Los resultados muestran que el malestar ciudadano no solo responde a percepciones generales, sino también a experiencias concretas de acceso y calidad en la atención. Una de las principales conclusiones del estudio es que las dificultades se concentran especialmente entre los afiliados a las entidades promotoras de salud (EPS) que están intervenidas por el Gobierno Nacional. Actualmente hay siete bajo el control estatal, por medio de la Superintendencia de Salud: Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, SOS y Capresoca.
Cuando se preguntó a los encuestados si habían recibido el servicio médico que necesitaban, solo el 33 % de los afiliados a aseguradoras intervenidas respondió que lo obtuvo sin dificultades. En contraste, entre quienes pertenecen a no intervenidas, esa proporción llegó al 49,5 %.
Además, casi la mitad de los afiliados a EPS intervenidas aseguró haber recibido atención, pero con dificultades; entre tanto, cerca de dos de cada 10 afirmaron no haber recibido el servicio que requerían. Estas cifras reflejan una percepción de deterioro más marcada entre quienes pertenecen a entidades bajo intervención.
Otro hallazgo relevante tiene que ver con el gasto de bolsillo, que es la plata que los ciudadanos destinan de sus ingresos para pagar servicios que debería cubrirle el sistema. El estudio encontró que tres de cada diez colombianos tuvieron que pagar recursos propios para acceder a servicios de salud. Sin embargo, la situación es considerablemente más crítica entre los afiliados a EPS intervenidas.
Aumenta el gasto de bolsillo en los hogares
Mientras el 22,2 % de los usuarios de aseguradoras no intervenidas reportó haber realizado pagos de bolsillo, la cifra asciende al 38,5 % entre los afiliados a las intervenidas.
Esto indica que las dificultades de acceso terminan trasladando parte de los costos directamente a los pacientes y sus familias. La investigación también advierte que cerca del 22 % de la población destina más de $500.000 mensuales de su bolsillo para financiar servicios relacionados con su atención. Este fenómeno representa una carga económica significativa para miles de hogares.
La entrega de medicamentos aparece igualmente como uno de los puntos más sensibles del sistema. Solo el 34,5 % de los encuestados afirmó haber recibido la totalidad de las medicinas formuladas a través de su EPS.
La situación es particularmente preocupante en las entidades intervenidas. Apenas el 25,3 % de sus afiliados reportó recibir completos los medicamentos prescritos, mientras que el 17,1 % aseguró que no recibió ninguno y tuvo que comprarlos con recursos propios.
La negación de servicios es más alta en EPS intervenidas
Los problemas también se reflejan en la negación de servicios. El estudio encontró que el 15,6 % de los colombianos ha experimentado la negativa de algún servicio de salud que necesitaba. Sin embargo, entre los usuarios de EPS intervenidas la proporción alcanza el 20,6 %.
Esto significa que la tasa de negación de servicios prácticamente duplica la observada en las no intervenidas, donde el porcentaje se ubica en el 10,5 %. Para los investigadores, esta diferencia constituye uno de los indicadores más claros de las brechas existentes entre ambos grupos de aseguradores.
La oportunidad en la asignación de citas médicas también genera preocupación: aunque el 42,8 % de los ciudadanos considera que las personas siempre o casi siempre logran obtener una cita a través de su EPS, las respuestas varían de manera importante según el tipo de entidad.
Entre los afiliados a EPS intervenidas, el 19,1 % considera que las citas casi nunca o nunca se consiguen oportunamente, mientras que en las no intervenidas esa percepción negativa se reduce al 11 %. Los resultados sugieren mayores dificultades de acceso para quienes pertenecen a entidades bajo intervención.
La confianza constituye otro de los aspectos evaluados por el estudio. Los investigadores encontraron que las aseguradoras no intervenidas registran niveles de confianza significativamente superiores a los observados en las manejadas por el Gobierno: una diferencia que se relaciona con los resultados percibidos por los usuarios en materia de atención, acceso y entrega de servicios.
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En cuanto al futuro del sistema, los colombianos expresan una posición matizada. Aunque el 43,6 % manifiesta estar de acuerdo con una reforma al sistema de salud, apenas el 30,4 % respalda la desaparición de las EPS; además, el 57,6 % considera que la responsabilidad de garantizar la atención debe recaer tanto en el Estado como en el sector privado. En conjunto, los hallazgos muestran una ciudadanía que reconoce problemas profundos en la prestación de los servicios, pero que parece inclinarse por corregir y fortalecer el modelo existente antes que reemplazarlo por completo.
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