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Colprensa | Publicado el 08 de octubre de 2021
El debate sobre la posibilidad de despenalizar de manera total el aborto en Colombia está más vivo que nunca. En la Corte Constitucional dos demandas avanzan en tiempo récord, para tomar esta polémica decisión en el país.
Una de las demandas la tiene el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la alta corte, quien ya radicó el escrito de esta ponencia, según se lee en el sistema de la Corte.
Sin embargo, se conoció que la segunda demanda, que fue estudiada por el magistrado Alberto Rojas, ya estaría en las manos de los ocho magistrados que deberán estudiarla para tomar una decisión en el país.
En este caso, Rojas pediría que se despenalice en su totalidad el aborto, porque con este delito se discrimina a las mujeres, además, el magistrado propone dar un plazo de dos años para regular esta práctica en el Congreso.
En el documento, Rojas pediría declarar inexequible el artículo 122 del Código Penal, que establece una pena de entre 16 y 54 meses de prisión a “la mujer que causare su aborto o permitiera que otro se lo cause”.
Lo que propondría Rojas es despenalizar este delito, bajo el argumento central de que hay discriminación hacia las mujeres, por el hecho de que solo ellas son perseguidas y criminalizadas al interrumpir un embarazo.
Rojas considera que es inconstitucional que en Colombia exista un delito que explícitamente se refiere a las actuaciones de una mujer y no de un hombre.
Con el debate abierto, desde Cúcuta, en el bicentenario de la Constitución, Antonio Lizarazo se refirió al tema y dijo que entre octubre y noviembre la Sala Plena podría tomar una decisión final.
“La Corte está decidiendo si la penalización del aborto es algo que el legislador (el Congreso) puede hacer en la forma cómo lo ha hecho. Las discusiones no son sobre la conveniencia o el estar de acuerdo o no sobre el aborto, sino son en materia constitucional”, puntualizó el magistrado.
Lizarazo dijo que la Corte estará comparando la situación del aborto en el país, con lo que ha sucedido en países de la región como Argentina, Chile y México, que ya han dado el paso hacia la despenalización total.
“La Corte Constitucional puede recurrir al derecho comparado y revisar cuál es el tratamiento que se le da en otros países al tema en cuestión. También se consulta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados que se han firmado aplicando las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos”, dijo.
Lo cierto es que fuentes de la Corte confirmaron que el debate no sería nada fácil, pues, por ahora, son las mujeres magistradas, es decir, Cristina Pardo, Diana Fajardo, Paola Meneses y Gloria Stella Ortiz, quienes se opondrían a dar vía libre a la despenalización.
