Lo que hay que leer: la respuesta del Ministerio de Salud a la publicación del British Medical Journal (BMJ) sobre la crisis del sistema fue sugerir que es un contenido politizado y que muestra una “narrativa parcial”. Esa revista científica publicó esta semana un artículo titulado How politics destroyed Colombia’s model healthcare system (Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia), en el que expuso el deterioro sin precedentes que vive el sector.
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En un comunicado, la entidad también dijo que considera que la situación expuesta en el texto está “descontextualizada” y que es “carente de rigor técnico”, por lo cual, supuestamente induce a “conclusiones erróneas que no se sostienen en evidencia oficial ni en un análisis integral de política pública”.
Por otro lado, aunque reconoció que la revista BMJ es de amplio reconocimiento, expresó que esa nota es “un reportaje periodístico que carece de metodología verificable, uso sistemático de fuentes oficiales y balance analítico” y hasta cuestionó sus decisiones editoriales por dizque aprobar y publicar “artículos sin rigor técnico ni periodístico, sin contraste de fuentes y que claramente obedece más a intereses políticos y económicos que están en contra del actual Gobierno”.
En ese sentido, el Minsalud se defendió señalando que los problemas que vive el sector no es consecuencia exclusiva del Ejecutivo, sino que es una “crisis estructural” producto de la Ley 100 de 1993. Al respecto, volvió a mencionar la narrativa que lleva repitiendo más de tres años referente a que esa legislación ha generado “barreras de acceso, negación de servicios, demoras en autorizaciones y fallas en la atención oportuna”.
A esto, expresó que decir que el modelo de salud colombiano era uno de los mejores de América Latina, como lo sostuvo el artículo, es “un análisis limitado” porque “solo” tiene en cuenta la cobertura de afiliación cercana al 99 % y gasto de bolsillo. Para ello, le bajaron el precio a las consideraciones que ha hecho The Lancet —otra destacada revista médica británica— en estos términos: “Colombia se ubicó como el segundo mejor país de América Latina después de Costa Rica. Esto a pesar de gastar $477.30 por persona, cantidad más baja de la región y aproximadamente un 11,4 % menos que México y un 62,7 % menos que Chile”.
Al respecto, la entidad aseguró que el periodista no consideró “dimensiones esenciales como el acceso efectivo, la equidad territorial, la calidad de la atención, la resolutividad de los servicios ni la experiencia real de los usuarios” y que su enfoque fue “reduccionista” y “conduce a conclusiones engañosas”.
El ministerio dijo que el texto defendió implícitamente a Keralty (propietario de Sanitas EPS), pues a su juicio citó de forma selectiva decisiones de la Corte Constitucional, así como supuestamente no mencionar los hallazgos fiscales, financieros y administrativos que durante años han afectado a diversas EPS ni los informes de la Contraloría que documentan lo que llaman “irregularidades y desvíos” de recursos de la unidad de pago por capitación (UPC).
También esa respuesta llegó a poner en duda las fuentes y la calidad de los expertos consultados por el reporteros, entre los que se encuentran el académico de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, y el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva.
El Minsalud reprochó que no se hablara de la integración vertical, la selección de riesgos, la concentración del mercado y la desatención de zonas rurales y dispersas, donde la “lógica de rentabilidad financiera ha resultado incompatible con la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”.
Por otro lado, defendió las intervenciones que ha hecho la Superintendencia de Salud a ocho EPS, expresando que “se sustentan en causales legales como el incumplimiento de indicadores financieros, deudas con hospitales y altos niveles de quejas”.
El comunicado llegó a decir que la revista usó “casos individuales sin evidencia verificable” para sostener la superioridad del sector privado y la presentación de la crisis financiera como responsabilidad del actual Gobierno.
Finalmente, esa cartera expresó que hubo “ausencia de fuentes oficiales” y no se declararon posibles conflictos de interés. Esto, aseguraron, “restringe” la validez técnica de sus conclusiones y le impide ser considerado evidencia académica para el análisis de sistemas de salud. Sin embargo, olvidó mencionar que, según el periodista Luke Taylor, buscó un pronunciamiento del ministerio, pero no le dieron respuesta que pudiera incluir en la publicación.
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