Cada día trae su afán y cada día en el Gobierno del presidente Gustavo Petro trae su preocupación sobre el sistema de salud. El más reciente —en un mar de incertidumbre— fue la idea que lanzó en el Consejo de Ministros más reciente sobre el futuro de las entidades promotoras de salud (EPS) que están intervenidas. La posibilidad que planteó es que sean liquidadas; si bien tienen la potestad legal para hacerlo, es un camino riesgoso para el sistema.
Las palabras de Petro fueron contundentes, pero desinformadas o mal informadas. “Es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente”, dijo en referencia a un concepto que emitió el Consejo de Estado la semana pasada sobre el uso de la unidad de pago por capitación (UPC) por parte de las EPS.
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El alto tribunal determinó —tras una consulta del Ministerio de Salud— que las aseguradoras sí podrían usar la UPC (los recursos para la atención de sus afiliados) para atender obligaciones de años anteriores. Así, estableció que esa plata puede destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones.
Con base en ese pronunciamiento fue que el mandatario hizo esa afirmación. No obstante, el concepto del Consejo habla de una posibilidad, no de una obligación. Es decir que no es una camisa de fuerza para las EPS, lo que significa que no siempre tendrán que hacerlo, sino cuando sea necesario. Y, además, que no es ilegal hacerlo.
“El sistema no funciona y tenemos razón: hay que cambiarlo. El sistema de aseguramiento financiero en la salud es un enorme fracaso en Colombia. Y desde hace 10 años no mejora los indicadores de salud de Colombia”, agregó el presidente.
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