El Ministerio de Salud le respondió a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, por la solicitud que habían hecho sobre el incremento de la unidad de pago por capitación (UPC). Esa unidad corresponde a los recursos que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud por cada afiliado para su atención. Esos gremios pidieron un aumento del 15,6 % (Andi) y del 17,33 % (Acemi).
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En un comunicado, el ministerio expresó que el cálculo del incremento de esa prima se hace con la información de costos y servicios que entregan las EPS y que tiene en cuenta todos los factores que permiten designar esos recursos. Sin embargo, cuestionó los pedidos de los gremios, que hicieron un análisis que tuvo en cuenta factores como la siniestralidad, los
rezagos y la eliminación de datos. Ítems que esa entidad calificó de “supuestos argumentos”.
Posteriormente, insistió en el dogma presidencial que advierte que, supuestamente y como lo mencionaron, “la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”.
Por otro lado, el Minsalud señaló que los empresarios afiliados a la Andi “dejaron de pagar el aporte patronal a la salud de los trabajadores desde 2014” y que ese “incumplimiento —que, en realidad, fue una ley de la República aprobada en el Congreso— generó un vacío financiero que el Estado tuvo que cubrir, obligando a destinar más de $32 billones adicionales”.
En sus ataques al sector privado, la entidad dijo que el “Gobierno Nacional ha identificado fallas estructurales derivadas del uso indebido de los recursos por parte de las EPS” que representan ambas agremiaciones. En ese sentido, remembraron las aseguradoras que han tenido que ser intervenidas para sostener que “el problema no es la UPC, sino un modelo de administración sin controles efectivos, sin regulación suficiente y con escasa auditoría”.
Luego, insistió en que “recientes estudios adelantados por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de los Autos de la Corte Constitucional, han revelado hechos alarmantes que no pueden ser minimizados ni ocultados”, aunque obvió que ese mismo alto tribunal le abrió un incidente de desacato al ministro por incumplir la orden del Auto 007 de 2025 que ordenó recalcular la UPC.
También volvieron a mencionar los supuestos “pagos por prestación de servicios a personas fallecidas por más de $2,3 billones”: algo sobre lo que hay dudas porque hay atenciones que pueden mostrar una fecha de autorización posterior a la muerte de un paciente, aunque se hayan prestado antes.
“Contrario a lo que afirman ACEMI y la ANDI, los análisis oficiales del Ministerio de Salud demuestran que de cada 100 pesos asignados por UPC se ejecutan entre 85 y 97 pesos”, incluyó el comunicado sin mostrar cómo llegaron a esa cifra ni con qué datos lo hicieron. A esto le agregaron la perla de negar la crisis financiera del sistema para sostener que es un invento de los gremios “para justificar mayores giros de recursos públicos”.
De igual manera, la entidad insistió en que “pretender que el Gobierno adopte estas recomendaciones para equilibrar las finanzas de las EPS, sin corregir las prácticas que generaron la crisis, podría configurar conductas que deben ser investigadas por las autoridades competentes”.
Finalmente, acusó a la Andi y a Acemi de no querer “garantizar el derecho fundamental a la salud, sino a la intención de mantener un modelo que ha permitido el uso indebido de recursos públicos” y pidió que la discusión no se siga “trasladando a la ciudadanía el costo de los errores y abusos de empresarios, gremios y farmacéuticas que no han manejado correctamente el dinero público”.
El ministro Guillermo Jaramillo tiene como plazo el próximo 31 de diciembre para firmar el decreto con el incremento de la UPC. La decisión se espera en medio de un escenario complejo, con un déficit creciente, una reforma al sector estancada en el Congreso, servicios cerrados en numerosas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y un aumento sostenido en quejas, tutelas y barreras de acceso para los usuarios.
Vale recordar que a este panorama se suma el incumplimiento de varias órdenes de la Corte Constitucional, entre ellas el ajuste del rezago de la UPC de 2024, la revisión del déficit acumulado hasta 2021 y la definición de un método transparente para los ajustes futuros, el cual fue ordenado en un auto de enero de este año.
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