Una consigna que ha repetido como un mantra el actual Gobierno es que los recursos para la salud son suficientes y que si no alcanza es porque hay “corrupción” o “robo” por parte de privados. La plata a la que hace referencia es a la unidad de pago por capitación (UPC), que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados; mientras que los que “se la roban”, según él, son los dueños de esas empresas. Sin embargo, esa tesis ha sido rebatida por académicos, por la Corte Constitucional y ahora por los estados financieros de la Nueva EPS: la aseguradora con más usuarios y una de las empresas más grandes de Colombia.
Hay que recordar que la presentación de los estados financieros se hizo por orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues desde septiembre de 2023 no los presentaban. Para entonces, los resultados integrales (ingresos versus gastos) fueron de $54.127 millones, mientras que sus pasivos (deudas y obligaciones pendientes de pago) fueron de $6,6 billones.
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Así las cosas, el agente interventor de esa EPS, Jorge Iván Ospina, radicó los de 2023 y 2024 ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y el ministerio del ramo. “Agradezco a todos quienes hicieron posible esta reconstrucción financiera con los debidos soportes y las notas técnicas (llegué a pensar que no lo lograríamos durante este Gobierno). Creo que si seguimos por el camino de la reorganización empresarial que adelantamos, la Nueva EPS no tendría que ser liquidada”, aseguró.
¿Por qué los estados financieros tumban consigna de Petro?
Un aparte del Estado de Resultados, compartido en un comunicado de prensa por Nueva, señala que este mostró “cuánto recurso recibió la EPS y cuánto costó atender a sus afiliados durante el año” y que para 2024 esa entidad “registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios de salud fue de $26,4 billones”.
Así mismo, indicó que “los gastos administrativos fueron de $0,5 billones”, los cuales fueron “cerca del 2,5 % de los ingresos ordinarios”. Por esa razón, los números advierten que “el resultado del año fue una pérdida de $4,8 billones”.
Incluso, esos datos los traduce en palabras sencillas en estos términos: “la pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados, entendiendo que los recursos de 2024 estaban asumiendo compromisos de vigencias anteriores”.
En ese sentido, hay que mencionar que desde que subió al poder, el presidente Gustavo Petro —y quienes ha tenido en los altos cargos del sector salud de sus Gobierno— ha mantenido una narrativa mentirosa contra el sistema de salud colombiano, al que acusa de ser “mercantilista”, “neoliberal”, “privatizador” y hasta de “negociar con la muerte”.
En ese discurso infundado hay una que ha sostenido con especial ahínco: que la UPC es y ha sido suficiente, por eso los ajustes que el Minsalud le hizo por decreto entre diciembre de 2022 y de 2025 siempre estuvieron por debajo de lo que se necesitaba, que no era solo lo que pedían las EPS y gremios económicos, sino lo que economistas de la salud e investigadores sostenían para que en el sector no hubiera un colapso financiero y humanitario.
Los ajustes que hizo el Gobierno en esos años fueron insuficientes, como lo aseguró la Corte Constitucional con el Auto 007 de 2025. De hecho, allí declaró la insuficiencia de la UPC de 2024 y que el rezago venía desde 2021 y se extendió por 2022 y 2023.
Así las cosas, el hecho de que los estados financieros de Nueva EPS —que aún no tienen certificación de la revisora fiscal, Gladys Asprilla— dejen consignado literalmente que el gasto para la atención de sus pacientes fue más caro que lo que les ingresó deja pintado de cuerpo completo que la UPC es insuficiente. Esta es una verdad y un hecho que el Gobierno Petro ha intentado negar argumentando que aumentarla es darle más plata a los privados que “se la han robado”: una acusación que ha repetido en cuatro años, por ejemplo, contra el exintegrante de la Junta Directiva de Nueva EPS, Enrique Vargas Lleras. Dos fallos de tutela le han ordenado retractarse por eso.
Y si bien el caso puntual es de Nueva EPS, la insuficiencia también aplica para las demás: cálculos del observatorio Así Vamos en Salud advierten que la siniestralidad alcanzó el 105,6 %. Esa palabra significa la diferencia entre ingresos y gastos, es decir que por cada $100 que le ingresan a una aseguradora por UPC, se gasta $105,6.
¿Qué muestran los estados financieros de Nueva EPS de 2024?
Los balances de la aseguradora muestran que una parte significativa de los recursos que espera recibir aún no ha ingresado a sus cuentas. En total, reporta $9,51 billones en cuentas por cobrar, de los cuales la mayor proporción corresponde a obligaciones del Estado, principalmente de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres).
Esto significa que buena parte de los activos registrados por la entidad no está disponible para atender pagos a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud. Entre las cuentas pendientes figura una deuda de $5,49 billones asociada a los llamados “Deudores del Sistema”.
A ello se suman $1,14 billones que la ADRES adeuda por recobros de tecnologías y servicios de salud no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el informe, parte de esos recursos lleva entre dos y tres años pendiente de giro e, incluso, existen saldos que superan los cinco años de antigüedad.
Además, permanecen en trámite otras cuentas por cobrar por $1,28 billones. La situación financiera también refleja un incremento en otras obligaciones. Los pagos derivados de fallos de tutela pasaron de $15.004 millones en 2023 a $107.950 millones en 2024, mientras siguen pendientes recursos asociados a presupuestos máximos por cerca de $150.000 millones.
Las dificultades de liquidez se evidencian en las obligaciones con la red prestadora. Nueva EPS informó que mantiene facturas pendientes de pago por $4,21 billones correspondientes a servicios ya prestados por hospitales y clínicas, un monto que representa un aumento del 266 % frente al año anterior. A esto se agregan reservas técnicas por $11,5 billones y recursos por $254.427 millones que permanecen inmovilizados debido a embargos judiciales.
Los estados financieros también reflejan el desequilibrio entre los ingresos y el costo de la atención en salud. Durante 2024, la EPS recibió $22,2 billones, principalmente por concepto de la UPC, pero destinó $26,4 billones únicamente a cubrir la prestación de servicios médicos. Como resultado, cerró el año con pérdidas por $4,8 billones, un patrimonio negativo de $11,9 billones y pasivos que ascendieron a $22,5 billones, cifra que supera ampliamente el valor de sus activos, calculados en $10,6 billones.
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Pese a ese panorama, la administración destacó algunos avances en el proceso de reorganización. Entre ellos figura un aumento del 30 % en el efectivo disponible, que alcanzó los $642.991 millones, producto de una redistribución de recursos hacia equivalentes de efectivo.
Así mismo, reportó un saneamiento contable de reservas por $277.064 millones y la incorporación de obligaciones acumuladas de años anteriores que no habían sido registradas de manera completa en los balances.
- ¿Qué muestran los estados financieros de Nueva EPS?
- Los balances reportan utilidades y un patrimonio positivo, cifras que han sido utilizadas para cuestionar la idea de que la crisis del sistema obedece exclusivamente a la falta de recursos.
- ¿Por qué los estados financieros generan polémica?
- Porque contrastan con la postura del Gobierno Nacional, que sostiene que el sistema de salud requiere mayores recursos y una reforma estructural para garantizar su sostenibilidad.
- ¿Qué impacto tiene esto sobre la reforma a la salud?
- Los resultados alimentan el debate entre quienes consideran que el problema es de financiación y quienes creen que la principal dificultad está en la administración y distribución de los recursos.
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