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Salvatore Mancuso y sus víctimas que todavía esperan ser reparadas

Cientos de víctimas recibieron con esperanza el anuncio de la llegada a Colombia de Mancuso. Confían en que de a conocer la verdad sobre sus muertos y desparecidos.

  • Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar llegó a Colombia tras permanecer 16 años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. FOTO: MIGRACIÓN COLOMBIA
    Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar llegó a Colombia tras permanecer 16 años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. FOTO: MIGRACIÓN COLOMBIA
27 de febrero de 2024
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El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso regresó a Colombia en calidad de deportado, tras haber estado 16 años en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos. A su llegada a la base aérea de Catam, en la ciudad de Bogotá, fue notificado sobre una de las 57 órdenes de captura en su contra. Permanecerá en una celda especial en la cárcel La Picota de Bogotá para que, inicialmente, responda por una condena de 40 años por delitos cometidos cuando lideraba las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En julio de 2023, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el nombramiento de Mancuso como gestor de paz para que apoye al Gobierno con los grupos que heredaron las lógicas del crimen de los paramilitares, una vez estos se desarmaron. La asignación ha generado todo tipo de opiniones y, como era de esperarse, el rechazo y la indignación no dejan de ser protagonistas.

Mancuso y su deuda con las víctimas

La llegada a Colombia de Salvatore Mancuso, es el hecho más controversial de los últimos años y de la historia del país con los crímenes de los paramilitares. Aviva el recuerdo del horror padecido por cientos de campesinos de las zonas rurales a manos de los sanguinarios hombres al mando de Mancuso, los hermanos Castaño, Ramón Isaza y otros temerarios.

La mayoría se acogió a la Ley de Justicia y Paz en el año 2004, y prometieron verdad, justicia y reparación a cambio de la reducción de sus penas. Sin embargo, las víctimas siguen esperando esa verdad, esa justicia y esa reparación. Guardan en sus bolsillos las fotos ya desgastadas de sus parientes asesinados o desaparecidos; esperan por el cara a cara con los victimarios confían en que el rostro de su familiar sea reconocido y que sobre su paradero se dé alguna pista. “Así sea que encontremos sus restos, necesitamos algo sobre lo que podamos llorar”, dicen.

Teresita Gaviria lleva 25 años pidiendo explicaciones sobre la desaparición de su hijo. Tenía 15 años cuando en Doradal, en el Magdalena Medio, un grupo de paramilitares se lo llevó y nunca más volvió a saber de él. “A mi hijo se lo tragó la tierra, si me lo mataron que me digan dónde está. No hay peor dolor que llorar a un desaparecido, porque jamás se pierde la esperanza de que aparezca vivo. En cambio, cuando uno sabe que está muerto, pues hace su duelo, se despide, va y visita una tumba. Pero así no pasa con los desaparecidos; uno no tiene a donde ir a llorar, no hay una tumba para visitar. El dolor es distinto y desgarrador”, cuenta esta mujer que convirtió su dolor en una causa. Fundó la organización Madres de la Candelaria para apoyar a otras familias víctimas de los paramilitares.

Dice que la llegada de Mancuso la llena de esperanza. Confía en que las autoridades le permitan visitar al excomandante paramilitar y, una vez frente a él, sacar de su bolsillo la foto de su eterno adolescente.

”Personalmente estoy tranquila, ojalá Mancuso cumpla las intenciones de venir a hablar y contar cosas porque estamos a la expectativa de qué va reconocer. Personalmente me dio alegría, me regala esperanza, queremos saber muchas verdades, a nosotras nos hace falta quien diga la verdad”, afirma Teresita.

Hasta Estados Unidos fue Teresita buscando el encuentro con Mancuso, pero se lo negaron. Esta vez sí, dice ella con templanza, esta vez le exigirá a la autoridad que corresponda que le autorice el encuentro.

”Esperamos que los fiscales o el Inpec nos permitan ir a la cárcel a hablar con él porque fueron muchas personas que mandaron a matar. Tenemos en nuestra organización personas que fueron asesinadas, ya está en Colombia y nos tienen que parar bolas, no podemos seguir así”, repite esta líder social.

Por todo el país hay rastro de la violencia de Mancuso; dice el Tribunal de Justicia y Paz que debe responder por 42.466 hechos criminales, entre desplazamiento forzado, tortura, violencia basada en género. De hecho, en el 2014 ese Tribunal condenó al exjefe paramilitar por 175 hechos de violencia sexual, delitos de tratos inhumanos, degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, abortos forzados, esclavitud sexual, entre otros.

Horror en otras regiones

Los más de 5.000 desplazados de Tulapas, zona del Urabá en Antioquia, también están en fila con el fin de que Mancuso los reciba y de cuenta sobre sus alianzas con el Fondo Ganadero de Córdoba para sacarlos de sus tierras.

”Es muy importante su llegada al país, él debe decir lo que sabe, si los hechos los cometieron acá en Colombia, es lógico que las víctimas estemos acá mismo. Que diga los nombres de las personas que están implicadas en tantos delitos. ¿Qué fue lo que pasó?, ¿quiénes lo hicieron? Porque hoy las víctimas pagan con el silencio, pagamos estando por fuera de nuestras tierras. Fueron muchas cosas cometidas por ellos, habrá muchos responsables, que diga la verdad y quiénes eran los interesados en lo que pasó”, afirmó uno de los desplazados de Tulapas.

En Norte de Santander, Ruth Cotamo, vocera de desaparecidos, dice que será muy importante el aporte de Mancuso en el esclarecimiento de la verdad. “Hará un aporte gigante en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque quién más que él va tener el conocimiento exacto de cómo fue que hicieron ellos para desaparecer a tanto seres queridos”, dice.

Las masacres

La década de los 90’s e inicios del año 2000, estuvo marcada por varias masacres cometidas por los paramilitares principalmente en el departamento de Antioquia. Los sanguinarios hombres estaban decididos a exterminar a las comunidades que apoyaban, escondían o simpatizaban con la extinta guerrilla de las Farc o corrientes políticas de izquierda.

El 11 de junio de 1996, 30 paramilitares llegaron al corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango y asesinaron a cinco campesinos en plena plaza principal por ser supuestamente colaboradores de las Farc. El 22 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares asesinó a 15 campesinos, violó a las mujeres y robó más de mil cabezas de ganado en el corregimiento el Aro, municipio de Ituango. La masacre de El Salado, es una de las más atroces porque se prolongó por cinco días. Ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, cuando 450 paramilitares torturaron y asesinaron 60 campesinos inocentes. Esta masacre llevó al desplazamiento masivo de la comunidad, convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma.

Son estos hechos dolorosos los que las víctimas y el país entero se resisten a olvidar y sobre todo a permitir que queden en la impunidad. Paradójicamente Mancuso lleva más de dos décadas privado de la libertad, pero no por lo que le hizo a estas personas, dicen: “no le alcanzará la eternidad para reparar tanta crueldad”.

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