Los senadores Roy Barreras –presidente del Congreso– y Jote Pe Hernández –el youtuber de Alianza Verde– mantienen una dura guerra por cuenta de las denuncias que este último ha hecho sobre la gestión del primero y que, presuntamente, tienen visos de corrupción que deben ser investigados.
El round más reciente se registró este jueves, cuando Hernández le exigió a Barreras que explique qué pasó con una serie de procesos contractuales surtidos en el Capitolio y que comprometen al menos unos 8.000 millones de pesos. Y aunque el Presidente del Senado niega cualquier irregularidad, y contraataca advirtiendo que llevará a su colega del Legislativo a tribunales, el de Alianza Verde se mantiene firme en sus señalamientos.
De hecho, Jote Pe advirtió que sobre una “olla podrida en el Congreso” relacionada con presuntas irregularidades en un contrato para el manejo del Canal del Congreso y que involucraría a exempleados de Barreras.
El caso está relacionado con el convenio 983, firmado en julio pasado para operar el Canal Congreso que transmite las sesiones del Parlamento y divulga contenido relacionado con el actuar legislativo. Dicho convenio, que superó los $8.000 millones, se suscribió entre la empresa Dicitec y la Dirección Administrativa del Senado.
Según Hernández, la firma Dicitec resolvió subcontratar la mitad de la ejecución del convenio –lo que implicaría transferir el manejo de recursos por $4.000 millones– a otra empresa llamada Espejo Público Comunicaciones Estratégicas, cuya única accionista es Valeria Uribe.
Justamente, esta última es hija de Jhon Jairo Uribe, exproductor del Canal del Congreso y quien fue cercano a Barreras, al punto que trabajó en su unidad de trabajo legislativo (UTL). Hace un mes, el propio Hernández denunció que Uribe supuestamente acosó sexual y laboralmente a tres personas durante su paso en el Legislativo. Los relatos indican que presuntamente les exigía parte del salario.
Valeria Uribe, de 22 años, también salió salpicada en las denuncias por supuestamente recolectar los dineros que debían entregar los funcionarios. “Tienen credencial de acceso del Congreso”, explicó Jota Pe Hernández.
De acuerdo con la denuncia del senador, Uribe y su hija figuraban como productor y coordinadora administrativa, respectivamente, del convenio 983, con salarios de entre $8 y $6 millones.
Y además de la subcontratación que terminó en manos de Valeria Uribe, Hernández visitó el domicilio donde aparece registrada la firma Espejo Público y constató que solo hay oficinas vacías. “En una de las oficinas solo se podía observar un viejo mueble”, dijo.
El supuesto caso de corrupción, explicó Hernández, está en 95 contratos que suscribió Dicitec para desarrollar el convenio. Según la denuncia, a los trabajadores les hacían firmar contratos con salarios presuntamente inferiores a los que figuraban en el convenio.
“De este presunto descuento ilegal los trabajadores no tienen conocimiento. Por ejemplo, Dicitec le cobra al Senado $8’682.000 por un editor, pero a este solo le paga $6’695.000, presuntamente robándole al trabajador y al Congreso aproximadamente $2’000.000 en un solo trabajador, en un solo contrato”, detalló el congresista.
El senador manifestó que, sumando los montos, alrededor de $117 millones se les habrían dejado de entregar a los trabajadores. Sin embargo, Hernández alertó que, curiosamente, en los 95 contratos a los que se les hicieron presuntas reducciones no aparecían Uribe ni su hija: “A ellos sí les pagaban todo completo”.
El congresista señaló, además, que la supervisora del convenio es Maritza La Rotta, una comunicadora que pertenecía a la UTL de Roy Barreras: “Llama la atención que días antes de que Barreras se posesionara como presidente, ambos (Maritza La Rotta y Jhon Jairo Uribe) dejan de pertenecer a la UTL y después se convierten en los duros de este jugoso contrato”.
Este mismo convenio que los salpica a ellos en la denuncia de Hernández fue uno de los que puso en la picota pública el columnista Aurelio Suárez hace pocos meses. En efecto, dijo –en su momento– que había “falta de idoneidad” en las firmas contratadas.
En ese contexto, el ahora exsenador Gustavo Bolívar, uno de los más críticos de Barreras, advirtió que el Pacto Histórico debe rechazar cualquier viso de corrupción entre sus filas. “El Pacto debe sentar una posición frente a esta denuncia del senador Jota Pe Hernández contra Roy Barreras, su exUTL y su hija. Las pruebas son muy graves. Si el Pacto pierde la autocrítica nos convertimos en otro Centro Democrático: se aplaudían entre ellos y perdieron el poder”, advirtió.
La defensa de Barreras
El senador Barreras no guardó silencio ante toda esta andanada. Primero, negó las acusaciones que le hizo su colega de la Alianza Verde y –segundo– aseguró que se trata de una “calumnia prefabricada” para llamar la atención en redes sociales, según él, con la intención de “engañar a la opinión” para hacerlo quedar mal.
“Para empezar es de conocimiento público que los presidentes del Congreso no contratan nada ni a nadie. Es función de la Dirección Administrativa que ha dado ya información sobre la inexistencia de las supuestas irregularidades denunciadas por el señor Jota Pe”, expuso Barreras.
El presidente del Congreso planteó que la Dirección Administrativa del Senado informó que el contrato “con una reconocida firma llamada Dicitec” le fue adjudicado por ser la oferta más económica y más calificada. “Esa empresa no tiene nada de ‘fantasma’ y que presta servicios a múltiples entidades del Estado (...) Miente al decir que le roban una parte del salario a los empleados: son los impuestos y descuentos de ley. Miente y engaña incautos”, apuntó.
En todo caso, la Procuraduría advirtió en la noche de este jueves que comenzó una indagación disciplinaria y no se descarta, de acuerdo con fuentes enteradas, que los dos senadores enfrentados por el tema sean llamados a declarar.
