Un juez de control de garantías aceptó la petición de la Fiscalía General de la Nación de enviar a la cárcel, como medida preventiva de aseguramiento, a los soldados que aceptaron su responsabilidad de abuso de niña embera katío de 12 años.
De acuerdo con el ente acusador, los implicados serán trasladados a una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias para mantenerlos detenidos. “El juez acaba de imponerles a todos los soldados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, celebró el fiscal Francisco Barbosa.
Más temprano, Barbosa había anunciado que se le imputó cargos a siete soldados regulares que prestaban servicio militar en el Batallón de San Mateo, vinculados con el caso de abuso sexual a un niña indígena, de 12 años, perteneciente a la comunidad Embera.
Al término de las audiencias preliminares ante la justicia, “a estos bandidos que mancharon la dignidad de una menor se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y se le imputó el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, seis de ellos en calidad de autor y uno como cómplice”, señaló Barbosa.
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El jefe del ente acusador, desde Cali, señaló que “esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la gravedad de sus actos. No vamos a ceder en la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Según ha advertido el ente acusador, la pena que enfrentarían los militares por estos hechos oscila entre 16 y 30 años de prisión.
La menor de edad, por su parte, recibe atención de un equipo interdisciplinar del Icbf, mientras es acogida en un hogar de paso de su comunidad.
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No aplica la cadena perpetua
Varios ciudadanos en redes sociales han cuestionado por qué si la cadena perpetua para abusadores de niños fue aprobada la semana pasada en el Congreso, la Fiscalía no solicitó aplicarla en este caso.
De acuerdo con expertos consititucionalistas consultados por EL COLOMBIANO al momento de la aprobación de la norma, lo que hicieron los legisladores fue incluir dicha pena en el ordenamiento jurídico, pero la manera en que debe aplicarse no está reglamentada aún.
El Gobierno nacional tiene, en consecuencia, un plazo de un año para presentarle al Senado un nuevo proyecto que especifique cómo se regulará la cadena perpetua y qué parámetros deben tener los jueces a la hora de imponerla. Antes de que eso ocurra, no puede ser implementada.
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